La gobernadora Jenniffer González estampó su firma este martes en la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 278, que viabilizaría la distribución de un “cheque de alivio contributivo” entre 600,000 y 700,000 contribuyentes este año, pero la nueva ley –que tendría un impacto fiscal de $554 millones– aún no tiene el aval expreso de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Tras la firma, la JSF se limitó a decir que evalúa la legislación, pero pocas horas antes había indicado a este medio que no contaba, entonces, con la información para realizar ese análisis.

“Vamos a estar del lado del pueblo. Le agradezco a la Cámara y al Senado. Estuvieron del lado del pueblo. Acabo de cumplir uno los compromisos programáticos de reducirle las contribuciones a la gente a través de la aprobación de esta resolución conjunta”, enunció la primera ejecutiva, en una conferencia de prensa en el Salón de los Espejos de La Fortaleza, tras estampar su firma sobre la pieza legislativa que presentó el viernes.

La gobernadora planificaba reunirse con el componente fiscal de la JSF luego de convertir en ley la resolución conjunta.

Al momento de la firma, estuvo acompañada por el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y en representación del Senado, acudió la senadora Migdalia Padilla, presidenta de la Comisión de Hacienda.

“La Junta está en el proceso de evaluación de la medida”, e limitó a decir a El Nuevo Día Sylvette Santiago, portavoz del organismo que controla las finanzas públicos, tras la firma de la resolución.

Cuando un gobernante firma una ley con impacto fiscal debe someter una certificación sobre el gasto público que conlleva a tono con la Sección 204 de la ley Promesa. El Ejecutivo tiene siete días para someter el documento a la JSF luego de aprobar el estatuto.

La semana pasada, el ente fiscal se había expresado a favor de otorgar cierto alivio contributivo, pero reclamó los documentos que evidenciaran que el gobierno podía absorber el impacto económico del cheque.

En declaraciones escritas temprano este martes, la portavoz de la JSF indicó que no se le había provisto información que sustentara el envío del “cheque de alivio contributivo”, como tampoco del Proyecto de la Cámara (PC) 1014, que es la propuesta reforma contributiva que el ente fiscal rechazó el pasado viernes.

“La Junta de Supervisión aún no ha recibido el análisis de impacto fiscal de los proyectos de ley contributivos ni del nuevo proyecto de ley de reembolsos propuesto. Por lo tanto, la Junta de Supervisión no puede evaluar de inmediato la fuente de financiamiento del proyecto de reembolsos ni su efecto sobre la economía de Puerto Rico. Asimismo, tenemos entendido que el gobierno tampoco proveyó a la Asamblea Legislativa un análisis fiscal sobre el costo y el impacto de los proyectos de ley contributivos o del proyecto de reembolsos”, manifestó Santiago por escrito.

La RCC 278 fue aprobada en Cámara y Senado el lunes, con la única oposición del senador independiente, Eliezer Molina. Previo al aval legislativo, el titular de Hacienda sometió una certificación para consignar que el gobierno cuenta con un sobrante de $813.7 millones de años fiscales previos que destinaría para el pago del alivio contributivo.

“Es pública”, repitió en tres ocasiones la gobernadora cuando este periódico le cuestionó el martes si proveyó a la JSF esa certificación de Hacienda.

La discusión del PC 1014 continúa en la Legislatura y, de aprobarse, sus efectos se verían durante el ciclo contributivo del próximo año.

“La Junta de Supervisión se encuentra actualmente revisando estos proyectos de ley. En esta etapa preliminar, aún no contamos con la evaluación fiscal completa del proyecto de ley ni de sus componentes individuales. Esperamos reunirnos con la Rama Ejecutiva para reconciliar la evaluación fiscal y analizar a fondo el impacto fiscal de la propuesta”, agregó la portavoz de la JSF.

Además de la reforma contributiva y el alivio contributivo en forma de cheque, la JSF debe evaluar de dónde saldrá dinero para otras responsabilidades o iniciativas del gobierno, como un alza a policías, el pago de pensiones de jubilados de la Autoridad de Energía Eléctria, una posible baja en los fondos de Medicaid y el pago de la carrera magisterial.

En un aparte con este medio, el secretario de Hacienda dijo que “eso es lo que vamos a discutir ahora” cuando se le preguntó si le había facilitado el análisis fiscal a la JSF.

“Pero los balances en caja, ellos los tienen”, afirmó el funcionario.

Mientras, el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech, aseguró que “toda la información que han solicitado se ha suplido”.

“En todo momento, ha habido intercambio de información de ambas partes”, sostuvo Domenech.

Cuestionada sobre la ausencia del análisis de impacto fiscal, la gobernadora insistió en que la JSF “trabaja con Aafaf y con el equipo fiscal del gobierno”. “No tienen este (análisis), tienen el de la pasada reforma permanente, que se ha estado discutiendo con ellos desde el año pasado”, subrayó González.

“Ellos estuvieron en las reuniones. Así que cualquier excusa que ellos tengan es simplemente estar en contra del pueblo”, dijo la mandataria.

Cuando se le preguntó qué acciones, si alguna, tomaría su gobierno si la JSF frena la nueva ley, la gobernadora respondió: “Yo no voy a partir de premisas desconocidas en este momento”.

“Yo quiero que este beneficio sea de manera permanente y, para que sea de manera permanente, continúa la evaluación en la Asamblea Legislativa sobre la segunda fase de esa reforma contributiva. Esperamos pueda verse en los próximos meses”, puntualizó González.