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Jenniffer González crea “task force” para evaluar la otorgación de tablillas a vehículos todoterreno

El grupo asesor será presidido por el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, José “Memo” González Mercado

20 de mayo de 2025 - 4:54 PM

La gobernadora Jenniffer González firmó la orden ejecutiva rodeada de jefes de agencia y representantes de marcas de vehículos todo terreno. (Suministrada)

La gobernadora Jenniffer González creó este martes un grupo de trabajo para regular el uso y analizar la viabilidad de otorgar tablillas a ciertos vehículos todoterreno –incluidas motoras– en Puerto Rico, a fin de garantizar la seguridad vial y, de paso, cumplir una de sus promesas de campaña.

Queremos garantizar la seguridad en las calles, el disfrute de estas y que haya orden, por eso es importante lograr un consenso en el balance de intereses ante el entretenimiento, la industria, los derechos de los ciudadanos y, en ese contexto, es que estoy creando este comité asesor, para que haga una recomendación en torno a cuáles son los posibles cursos de acción para atender este tema”, expresó González en comunicado de prensa.

Los vehículos todoterreno incluyen “utility task vehicles” (UTV), “utility vehicles” (UV) y “side-by-side vehicles” (SSV), entre otros similares y ciertas motoras.

Justo la madrugada del lunes, un joven, de 25 años, falleció en un accidente con motora, en Carolina. La semana antes, un conductor impactó a tres motociclistas en medio de una corrida, que presuntamente habría invadido todos los carriles, en ambas direcciones, de la carretera PR-102, en Cabo Rojo.

Al presente, hay aproximadamente 215,000 motoras registradas en la isla y, en lo que va del año, se han expedido 4,839 boletos por diversas razones, incluyendo la falta de cascos y guantes, detalló a El Nuevo Día el capitán Elvis Zeno.

Para atemperar la legislación local, el grupo asesor creado por González deberá examinar las experiencias de otras jurisdicciones en Estados Unidos donde se han implantado esquemas regulatorios que permiten la circulación de vehículos todoterreno, bajo estrictas condiciones de espacio y seguridad pública, conforme a las leyes vigentes y la protección ciudadana.

Acompañada de Misael González Trinidad, también conocido como “Rey Charlie” y representantes de marcas de vehículos todoterreno, la mandataria firmó la Orden Ejecutiva 29.

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A una semana de las primarias de junio pasado, González –quien se distinguió por utilizar “Can-Am” en sus actividades de campaña– prometió que iba a ponerles tablillas a los “four tracks” y otros vehículos.

El grupo de trabajo será presidido por el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), José “Memo” González Mercado, e incluirá miembros de la Policía y los departamentos de Transportación y Obras Públicas, Hacienda y Agricultura. Además, se unirán las directoras ejecutivas de la Compañía de Turismo y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, así como el comisionado de Seguros.

Desde el nombramiento de González Mercado a la CST, la gobernadora manifestó, a mediados de marzo, que le asignó evaluar la viabilidad de otorgar los permisos a ciertos vehículos. En ese momento, aseguró que no serían “todos” ni que necesariamente se avalaría el rodaje en todas las vías.

La orden incluye que el grupo tenga la representación de un primer ejecutivo municipal penepé de la Federación de Alcaldes y otro popular de la Asociación de Alcaldes.

La gobernadora recalcó “la necesidad de diseñar e implantar el marco normativo y administrativo que viabilice la circulación limitada y ordenada de estos vehículos y motoras por determinadas vías públicas”. Asimismo, reconoció que las motoras constituyen un medio esencial de transporte para numerosos ciudadanos, “por su eficiencia, movilidad y asequibilidad”.

Toda iniciativa deberá armonizar con dicha realidad de uso, atendiendo las condiciones de seguridad exigidas por los manufactureros, los estándares técnicos y operacionales establecidos a nivel federal, y las disposiciones legales vigentes en Puerto Rico”, lee el decreto.

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