Corozal - La gobernadora Jenniffer González defendió este viernes la estrategia legal para encaminar la cancelación del contrato de LUMA Energy, consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica, por entender que, por el momento, es la vía más rápida.

“Confío, plenamente, que vamos a prevalecer, pero, además de eso, tenemos toda la evidencia de los incumplimientos de contrato. Hay distintas vías legales para hacerlo. Estamos utilizando la más rápida“, puntualizó la mandataria en conferencia de prensa tras anunciar un proyecto sobre deslizamientos en Corozal.

Al mismo tiempo, González planteó que ya han evaluado dos compañías en otras jurisdicciones de Estados Unidos para sustituirle. Insistió que el nuevo operador debe tener conocimiento en el manejo de fondos federales, y por eso prefiere que sea estadounidense.

El jueves, la primera ejecutiva emitió un mensaje televisivo, en el cual anunció la demanda de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica contra el consorcio, al plantear que es nula la carta de extensión firmada el 30 de noviembre de 2022 —mediante la cual se buscaba prolongar el contrato más allá del término originalmente establecido en el acuerdo suplementario (“Supplemental Agreement”)—.

“Tenemos un caso sólido”, aseguró la primera ejecutiva, quien también acudió al Tribunal Supremo con el mismo planteamiento y compartió que tienen evidencia de “más de seis incumplimientos” por parte del consorcio.

Mientras, el juez superior Arnaldo Castro Callejo, del Tribunal de San Juan, denegó este viernes la solicitud de entredicho provisional que solicitó el gobierno en el pleito incoado contra LUMA, en reclamo de la entrega de una serie de documentos del consorcio para procurar una transición ordenada en la operación del sistema eléctrico como parte de su intención de cancelar el contrato.

Al preguntarle sobre si el fallo en el Supremo a favor del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en su demanda contra LUMA abrió las puertas para iniciar la cancelación, la mandataria contestó “que no tiene nada que ver”.

A principios de diciembre, el máximo foro judicial estableció que el Negociado de Energía de Puerto Rico no tenía la facultad legal para “otorgar una inmunidad o limitar la responsabilidad civil” de la LUMA ante las reclamaciones de los consumidores.

“Hemos tenido que agotar muchos recursos. Tuvimos que abrir un proceso de negociación con ellos (LUMA). (Ustedes) Han visto todas las cartas que han enviado a LUMA durante todo el año, especificando cada cosa que se ha violado, los trabajos con el Departamento de Energía Federal, las reuniones con FEMA, con las agencias estatales, los desembolsos, las investigaciones en términos fiscales, la cantidad de aumentos en el presupuesto. Esto es un proceso mucho más complicado y técnico”, argumentó González.

Ante la preocupación que podría surgir entre los empleados de LUMA, la mandataria aseguró que solicitaron, como “salvaguarda”, un año para “una transición ordenada” y planteó que los trabajadores experimentados en la red de transmisión podrían pasar al nuevo operador.

“No importa cuál sea la compañía, esos empleados ya tienen una experiencia. Estoy hablando de los empleados, no de los ejecutivos. Esos no los queremos ni para hacer un coquito. Queremos los empleados que trabajan en los postes y en la calle, las partes técnicas y administrativas, que dan ‘support’”, manifestó la gobernadora.

Asimismo, catalogó de terroristas las alegadas “amenazas” del consorcio, que advirtió que el intento de invalidar su contrato podría provocar un aumento de apagones.

En un comunicado de prensa, LUMA manifestó ayer, jueves, que “esta acción (demanda) también podría interrumpir la continuidad en un momento crítico, atrasar aún más los proyectos dirigidos a mejorar el sistema eléctrico, aumentar el riesgo de interrupciones, atrasar el tiempo de restauración y retrasar mejoras financiadas con fondos federales”.

“Amenazar con suplido de servicios esenciales —agua, luz, infraestructura portuaria o aviación— constituyen actos de terrorismo… Deberían ser cautelosos al momento de ponerse a jugar”, advirtió, por su parte, la mandataria.

Al mismo tiempo, González insistió que no demandaron antes al consorcio porque esperaban estar “listos”, al “agotar todos los remedios administrativos y ejecutivos” y “auditar” los trabajos de la compañía durante el pasado año.

“El mecanismo más rápido que tenemos para anular este contrato es con el pleito que radicamos, pero también tenemos la evidencia de más de seis incumplimientos por parte de ‘LUMA limón’. El gobierno de Puerto Rico le ha pagado más de $900 millones a esta compañía adicionales para que hagan el trabajo y siguen pidiendo más”, arremetió la gobernadora, quien adelantó que pedirán, en enero, una reducción en la factura debido a alegados ahorros en la generación por el gas natural.