La gobernadora Jenniffer González busca erradicar el discrimen contra estudiantes que participen en programas y actividades cívico-militares de cadetes en la comunidad escolar a través de la Ley 69 de 2025, la cual firmó este sábado junto a una serie de medidas.

“Como parte de la agenda de los grupos que promueven los estereotipos negativos sobre los veteranos y militares, se han creado obstáculos para la participación de nuestros jóvenes de escuela secundaria y a nivel universitario en este tipo de programas”, estipula el Proyecto del Senado 385, una medida de administración.

La pieza enmienda la Carta de Derechos del Estudiante (Ley 195-2012) para reconocer el derecho de los estudiantes a participar en programas federales, como el Junior Officer Training Corps (JROTC), la Patrulla Aérea Civil (“Civil Air Patrol”) y el Reserve Officer Training Corps (ROTC) del gobierno de Estados Unidos, entre otros.

Según la gobernadora, la ley “busca tomar acciones afirmativas para la ampliación de la oferta disponible de estos programas en el sistema de instrucción superior público y privado, para el desarrollo de líderes en actividades cívico-militares auspiciados por el gobierno de Estados Unidos”.

“Han ayudado a forjar líderes y proveer a los estudiantes la oportunidad de lograr carreras exitosas en el campo militar y civil. Estos programas están enfocados, principalmente, en desarrollar las destrezas de liderato, la salud física, el intelecto y el carácter de sus participantes”, establece el comunicado de La Fortaleza.

El estatuto también enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018), para “reconocer el derecho de los estudiantes a no ser objeto de discrimen u hostigamiento por motivo de su participación en estos programas y actividades”.

La primera ejecutiva instó al Departamento de Educación, así como a cualquier otra agencia e instituciones educativas públicas o privadas pertinentes, a tomar en cuenta la Ley contra el Hostigamiento e Intimidación o “Bullying” (Ley 85-2017), según enmendada, también conocida como la “Ley Alexander Santiago Martínez”.

Este sábado, la mandataria también firmó la Ley 70-2025, otra medida de administración, para ofrecer campamentos de verano para niños con impedimentos en igualdad de condiciones que la población general. Esta iniciativa, recogida en el Proyecto del Senado 384, fue aprobada por unanimidad en ambos cuerpos legislativos.

La propuesta añade un inciso a la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos (Ley 51-1996), para conferirle a Educación, en coordinación con el Departamento de la Familia y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), la responsabilidad de ofrecer estos programas de verano durante junio y julio de cada año.

Según el “American Community Survey” de 2022, 784,567 personas en Puerto Rico, o el 24.6% de la población, padecen de algún reto funcional.

El DRD cuenta con 39 Centros de Formación Deportiva Adaptada, los cuales tienen equipo adaptado para estos menores.

Por otro lado, la gobernadora estampó su firma en la Ley 71-2025, del representante por acumulación Gabriel Rodríguez Aguiló, para aumentar el límite de la edad requerida para ser parte de los miembros del Comité de la Juventud, con el propósito de procurar y promover una mayor inclusión del sector juvenil en los Cuerpos Directivos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Por último, González firmó la Orden Ejecutiva 2025-042 para facilitar la ejecución de proyectos de reparación, reconstrucción y rehabilitación de viviendas financiados con fondos federales CDBG-DR y CDBG-MIT.

Estos programas, administrados por el Departamento de la Vivienda, están dirigidos principalmente a asistir a familias de escasos recursos afectadas por desastres naturales. Esta nueva orden enmienda el Boletín Administrativo OE-2022-004, promulgado en enero de 2022.

“Esta medida es un compromiso con las comunidades más vulnerables, eliminando barreras innecesarias que han impedido la reconstrucción de hogares. Con esta orden ejecutiva, garantizamos una respuesta más ágil, eficiente y sensible a las necesidades de vivienda en Puerto Rico”, expresó González.

La Orden Ejecutiva 2025-042 establece que los proyectos de vivienda financiados con fondos federales y administrados por el Departamento de la Vivienda o sus subrecipientes autorizados quedarán exentos de las restricciones impuestas por la OE-2022-004, siempre que cumplan con todos los requisitos ambientales estatales y federales.

Además, se exime del requisito de permiso de inyección subterránea a los proyectos que incluyan sistemas de tratamiento de aguas residuales residenciales unifamiliares, conforme al Reglamento Núm. 3029.

“Dado que en Puerto Rico las regulaciones ambientales federales tienen plena aplicación y eficacia sobre los proyectos financiados con fondos federales, la imposición de las restricciones establecidas en la OE-2022-004 a los proyectos de vivienda cubiertos por la orden han provocado dilaciones y cargas que obstaculizan la ejecución eficiente de dichos programas, limitando la capacidad del gobierno de Puerto Rico para atender con la urgencia requerida las necesidades de vivienda de las comunidades afectadas”, planteó La Fortaleza.