A la izquierda, la comisionada residente Jenniffer González.
A la izquierda, la comisionada residente Jenniffer González. (Xavier J. Araújo Berríos)

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, hizo un llamado este miércoles al gobernador Pedro Pierluisi y a la Legislatura a trabajar de forma conjunta a encontrar una vía para proteger las pensiones de los servidores públicos retirados, luego que la jueza Laura Taylor Swain dejara sin efecto la Ley de Retiro Digno.

“Esto es otro de los ejemplos de que, mientras seamos un territorio y el poder sobre Puerto Rico quede solamente en el Congreso de los Estados Unidos, vamos a estar experimentando esta y muchas otras decisiones”, sostuvo la comisionada.

“Por eso creo que nunca debimos haber tenido la Junta (de Supervisión Fiscal). Ya la tenemos ahí. Ahora tanto la Cámara como el Senado, y ciertamente el gobernador, van a tener que trabajar una medida en conjunto”, expresó a El Nuevo Día, durante un recorrido junto a la subsecretaria de Vivienda federal, Adrianne Todman, quien se encuentra de visita en Puerto Rico para supervisar los esfuerzos de recuperación de desastres del archipiélago.

Con la decisión de la jueza, manifestó González, “se pone en peligro las pensiones de nuestra gente, mucha gente que lleva años, que trabajó su retiro y que ahora se encuentren con que le pueden quitar todo de un cantazo... es el momento de protegerlas”.

Cuando este medio le preguntó sobre qué acciones podrían tomarse a corto plazo, la comisionada respondió que “el gobernador debe estar evaluando esto con su equipo de trabajo. En este momento lo más importante es proteger las pensiones de la gente”.

La decisión de Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico, se produce al tiempo en que la Legislatura debe llegar a un acuerdo en torno al proyecto que necesita la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para reestructurar de la deuda y, por ende, implementar el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, de este confirmarse el mes entrante.

De acuerdo con la determinación de Swain, la Ley de Retiro Digno afectaría la capacidad de la JSF de “asegurar el cumplimiento con el plan fiscal a futuro y asegurar la implementación exitosa de un plan de ajuste”.

Pero según la jueza, la legislación aprobada por el gobierno territorial intenta “limitar el poder del tribunal para hacer cumplir la ley federal Promesa y busca “desmantelar cualquier plan de ajuste que presente (la JSF) y que sea confirmado por el tribunal”. Pierluisi había firmado la Ley de Retiro Digno en junio pasado

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