Maricao - Para la gobernadora Jenniffer González, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se “extralimitó en sus funciones” cuando optó por certificar -de forma unilateral- el presupuesto revisado del año fiscal 2026, que venció el pasado martes, 30 de junio.

“Yo creo que la Junta se extralimitó en sus funciones nuevamente porque, como ustedes saben, hasta el 30 de junio, el gobierno de Puerto Rico tiene para aprobar legislación”, subrayó la mandataria a preguntas de este medio durante un aparte con la prensa tras entregar títulos de propiedad a residentes en Maricao.

Enfatizó que el gobierno tuvo un “superávit de $635 millones” en ese presupuesto y, para “pagar deudas viejas”, decidió enmendar el presupuesto. Para ello, presentó una resolución conjunta que enmendaba el plan de gastos del gobierno y que fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en el último día de sesión ordinaria.

“Ese proyecto llegó a mi firma el 30 de junio. Antes de que fueran las 12 de la noche, antes de las 8 de la noche, la Junta emite un documento diciendo que la Cámara, el Senado y el Ejecutivo, en este caso yo, no nos habíamos puesto de acuerdo, sin la medida haber llegado a mi firma”, afirmó González.

“La Junta asumió que el Senado, la Cámara y la gobernadora no se iban a poner de acuerdo con esa medida, sin la medida haber llegado a mi escritorio, e hizo una interpretación de lo que ellos creían a las 8 de la noche. Y, obviamente, me parece una clara extralimitación de su función, cuando nosotros teníamos hasta las 12 de la noche para firmarla, vetarla o impartir vetos de línea”, agregó.

La gobernadora emitió un veto de línea para eliminar $35 millones asignados por la JSF para el Plan de Mejoras a Carreteras Municipales y redujo de $3 millones a $1 millón el dinero asignado para la celebración de la independencia de los Estados Unidos. Ambas asignaciones eran avaladas por la JSF, pero el ente fiscal decidió ejecutar por su cuenta los cambios e incluyó un lenguaje restricto.

La gobernadora aseguró que, tras el proceder de la JSF, llamó al director del organismo, Robert Mujica, esa misma noche, y le cuestionó la acción.

“Impartí mi firma mucho antes de las 11 de la noche, así que yo no entiendo cuál es la función de hacer cuestionamientos de que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo no se pusieron de acuerdo cuando hubo unas enmiendas, y yo firmé ese proyecto de ley antes de las 12 de la noche”, insistió la gobernadora.

“Me parece que está de más y es una extralimitación indebida del rol de la Junta de Supervisión Fiscal. La Asamblea Legislativa tiene hasta el 30 de junio a las 12 de la noche para aprobar legislación”, continuó durante la actividad a la que llegó con un retraso de dos horas.

La primera ejecutiva advirtió que no renunciará a su facultad constitucional de aprobar legislación.

“Aun con la diferencia que yo pueda tener o que el presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz) pueda tener conmigo, la realidad es que nos pusimos de acuerdo y firmamos legislación. Cámara y Senado aprobó una legislación, y yo, como gobernadora, la firmé antes del tiempo previsto en ley constitucionalmente. Y ahí está. Y se firmó. Así que yo no voy a renunciar a mi facultad constitucional”, reiteró la mandataria.

“Yo quiero ver qué tribunal... Yo quisiera ver qué tribunal va a decir que por una hora, dentro de mi margen constitucional, antes de las 12 de la noche, la Junta, por quererse ir temprano, va a decir que tiene el poder de aprobarse, vetar una legislación. Yo quiero ver eso”, abundó.

¿Significa que usted va a acudir al tribunal?, cuestionó El Nuevo Día.

“Yo quiero ver qué ellos van a hacer porque, ciertamente, ellos ponen ahí que eso no cumple con el plan fiscal y después aclaran que sí, que cumple con el plan fiscal”, manifestó.

“Yo creo que la Junta no se quiere ir. Y están buscando cualquier excusa para decir que hay una diferencia, y empezar desde cero”, agregó.