Caguas - A tono con la nueva política del presidente estadounidense, Donald Trump, la gobernadora Jenniffer González indicó este miércoles que solicitó que el Negociado de la Policía de Puerto Rico fuera excluido de la reforma que comenzó en 2012.

“Yo le pedí a la administración del presidente Trump, a su Casa Blanca y a su directivo (del Departamento) de Justicia (federal) que sacaran a Puerto Rico de la reforma de la Policía, y hay otros pleitos que pudieran estar ahí. Pero este, obviamente, es más importante para nosotros”, sostuvo González, tras un evento oficial en Caguas.

La nueva política de Trump, según información publicada por “The New York Times”, consiste en abandonar los esfuerzos para reducir la violencia en las fuerzas policíacas.

Además, según el periódico estadounidense, Justicia federal ausculta desistir de pleitos legales por incidentes de violencia contra la población negra. Uno de los casos más conocidos en años recientes fue el que desembocó en la muerte de George Floyd, en Mineápolis.

“El presidente ya había manifestado, temprano en este término, que iba a haber enmiendas como parte de su política pública a esto, a las distintas demandas en los distintos estados. Todavía estamos en conversaciones. El presidente ha hecho una expresión más amplia de cumplir con su compromiso programático de eliminar muchas de estas demandas. Nosotros tenemos que documentar”, afirmó la gobernadora.

“Yo he tenido conversaciones con los funcionarios a cargo en el Departamento de Justicia federal sobre esto. Pero tenemos que esperar y darle la determinación final, que la va a tener, en este caso, Justicia federal. Nosotros pedimos participar ahí, pero hay que entregar cierta documentación”, abundó.

La reforma policial exige que haya una Oficina de Reforma, que tiene el deber de coordinar las actividades de cumplimiento e implementación en la Policía y que sirve de enlace entre Justicia federal, los Comités de Interacción Ciudadana (CICs) y el Monitor Federal. Como parte de la reforma, la Policía recibe $20 millones en fondos federales para su presupuesto.

La reforma de la Policía surgió luego de que, en julio de 2008, Justicia federal lanzó una investigación sobre presuntos patrones o prácticas de violaciones de los derechos civiles por parte de la Uniformada.

La reforma busca asegurar la protección de los derechos civiles, fortalecer las relaciones con las comunidades, adiestrar a los miembros de la Uniformada en las mejores prácticas policíacas y proveerles las herramientas necesarias para la lucha contra el crimen.