En lo que fue su primera reunión conjunta con alcaldes asociados y federados, la gobernadora Jenniffer González anunció este lunes lo que llamó un “rescate financiero” para entre 11 y 15 municipios que, próximamente, no podrán pagar sus respectivas nóminas y que se nutrirá de $35 millones ya contemplados en el presupuesto del próximo año fiscal.

La mandataria, sin embargo, no quiso precisar cuáles son los municipios hasta que no tenga la información fiscal detallada de cada uno y así saber cuáles son los más necesitados. Precisó que los 78 alcaldes tienen hasta este viernes para entregar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) una “radiografía” de su situación fiscal.

“Este fue un tema medular... la situación fiscal que tenemos en varios municipios en Puerto Rico, algunos de los cuales pudieran alcanzar el no pagar nómina en verano”, dijo la gobernadora, en conferencia de prensa tras reunirse con los alcaldes en el Palacio Rojo, contiguo a La Fortaleza.

“Estamos hablando, aproximadamente, de 11 o 15 municipios, que sus finanzas están severamente comprometidas y que tendríamos el mismo cuadro el año que viene con, posiblemente, otros municipios. Y ante eso, hemos llegado a un acuerdo de un rescate financiero a los municipios, de $35 millones para este año. Para nosotros poder lograr ese rescate financiero, le hemos requerido a los municipios una radiografía de sus finanzas, algunos de los cuales ya han entregado”, abundó.

Los detalles de ese “rescate financiero” fueron motivo de discusión en el cónclave con alcaldes rojos y azules. El encuentro contó con la participación de 70 de los 78 ejecutivos municipales. Los restantes ocho alcaldes enviaron un representante, dijo la gobernadora, que calificó la reunión como una “muy concurrida” y “muy productiva”.

Precisó que las radiografías le servirán al gobierno central para probarle a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la necesidad real de los municipios. La información se solicitó hace varias semanas, y el plazo para entregarla se extendió hasta este viernes, abundó la primera ejecutiva.

El director de la OGP, Orlando Rivera, detalló que ya 26 municipios entregaron los datos y que restan 21, mientras otros 31 los entregaron, pero incompletos.

A preguntas de los periodistas, Rivera indicó que, para cualificar para la ayuda financiera, se analizará la cantidad de habitantes, la situación fiscal actual y prospectiva del municipio, así como qué medidas, si alguna, han tomado para atender el problema.

“Esto no va a ser yo quiero ayudar a fulano o mengano. La realidad es que esto tiene que hacerse por fórmula”, aseguró la gobernadora, flanqueda por los presidentes de la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes, Gabriel Hernández y Jorge González, respectivamente.

Precisamente, Hernández realizó una conferencia de prensa el domingo en la que denunció que, para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio, los municipios tendrían un recorte de fondos de $158.1 millones, a base del presupuesto recomendado por la JSF y el gobierno.

Junto a la gobernadora, Hernández recalcó que los $35 millones ya estaban contemplados en el presupuesto del año 2025-26, y destacó que hay otros $66 millones destinados a los municipios para crear consorcios que están pendientes de usarse una vez se apruebe un proyecto para atender el sustituto del impuesto al inventario.

“Eso es un asunto que es a futuro, que todavía está en conversaciones bien adelantadas, pero eso se estaría trabajando, los $66 millones, a partir del próximo año fiscal. En las demás partidas en el presupuesto, pues como ustedes conocerán, el presupuesto es algo dinámico. Hasta que no tenga la firma de la gobernadora, no es final y la aprobación de la Junta de Control Fiscal”, insistió Hernández, alcalde de Camuy.

“Le trajimos a la señora gobernadora todas nuestras inquietudes en las diferentes partidas para que el equipo financiero de la señora gobernadora tenga la realidad del mismo y así puedan, de cierta manera, trabajar con la Junta de Control Fiscal para que los municipios tengan los recursos necesarios camino al próximo año fiscal”, agregó el líder de los alcaldes novoprogresistas, quien, en la pasada contienda primarista, favoreció al exgobernador Pedro Pierluisi.

La gobernadora ripostó el argumento de Hernández. “La manera que se está configurando el presupuesto este año es distinto al presupuesto del año anterior. Por lo tanto, hay unas partidas que están englobadas en servicios esenciales que podemos tener ahí, amas de llave, otro tipo de cosas que, quizás, no se ven en lineal en comparación al año anterior, pero que van a estar ahí, así que no va a haber una reducción a los municipios”, dijo González.

La reunión también fue marco de discusión para dejarle saber a los alcaldes que el Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés) envió una carta a su homólogo en Puerto Rico advirtiendo que $158 millones en fondos CDBG-DR del programa “City Rehabilitation” están “en riesgo” si aún no se ha usado el 20% de un adelanto concedido a los municipios.

“Tenemos alrededor de 35 municipios (en riesgo)”, indicó la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez.

“Hemos estado ayudando a los municipios a subir las facturas al sistema, pero, hasta el día de hoy, todavía nos faltan esos 35 municipios”, agregó la funcionaria.

Aclaró que enviarán un informe completo a HUD con la realidad y el detalle de trabajo de cada municipio, pero adelantó que buscarán pedir una extensión en el uso del dinero federal.

Durante el cónclave, estuvo presente la alta plana del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, así como de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Tanto la gobernadora como los alcaldes aseguraron estar listos para la nueva temporada de huracanes, que comienza el 1 de junio.

“Va a haber otra actividad el 16 de junio entre los municipios y Manejo de Emergencias, así que esa coordinación está ahí”, puntualizó la mandataria.

Acto seguido, habló de los adiestramientos que se han ofrecido y resaltó que los alcaldes son “los primeros” que llegan ante una emergencia.

Cuestionada sobre la política pública impulsada por el presidente Donald Trump para eliminar FEMA, reconoció que “la intención es que los estados sean los que manejen las emergencias”.

“Los municipios siempre meten mano, aunque no tengan los chavos”, dijo la gobernadora no sin antes recordar que la Ley Stafford no se ha derogado. Este es el estatuto que permite al presidente estadounidense declarar emergencias y desastres mayores para activar así a FEMA y la ayuda correspondiente.