Trujillo Alto - La gobernadora Jenniffer González informó este lunes que vetó el Proyecto del Senado 615, que, según portavoces de la industria de telecomunicaciones, hubiese tenido el efecto de añadir un impuesto a los teléfonos celulares que representaría una carga adicional para los consumidores.

González advirtió que, como la medida –impulsada por la Federación de Alcaldes– tenía “elementos de asuntos municipales”, se mantiene en comunicación con los presidentes legislativos para someter nueva legislación.

“Sí, tuve conversaciones con el presidente del Senado, (Thomas Rivera Schatz). Hay muchos elementos de ese proyecto en los que yo estoy de acuerdo, así que el presidente del Senado y yo hablamos de que los elementos que tienen que ver con los asuntos municipales se pueden volver a radicar. Lo que tiene que ver con las determinaciones de tecnología, pues obviamente las determinaciones tienen que ir acorde con lo que se gesticula a nivel federal. Y veremos cuál será la acción que, a nivel legislativo, se toma sobre eso”, dijo la mandataria, en una conferencia de prensa, tras recorrer la planta de filtros Sergio Cuevas.

González impartió un veto de bolsillo sobre la medida, que se emite cuando se deja expirar el plazo que tiene para firmarla sin actuar sobre ella.

Durante el trámite legislativo, la Alianza de Telecomunicaciones alertó que una disposición respecto a la definición de “canal de voz”, que enmendaría el Código Municipal, resultaría en “un aumento de miles de millones de dólares a la carga contributiva de la industria, lo cual, inevitablemente, terminaría afectando el bolsillo de los consumidores con un alza en los servicios de internet y telefonía móvil”.

El concepto de “canal de voz” se emplea en el Código Municipal con relación a los procesos de clasificación y tasación de la propiedad mueble e inmueble, que faculta a los municipios el cobro de contribuciones sobre líneas móviles, servicios de internet, cables, postes, antenas, sistemas satelitales y otros componentes esenciales de las telecomunicaciones.

También se oponían a esa enmienda la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, Internet Society Puerto Rico y representantes del comercio al detal y la inversión tecnológica.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, había rechazado, en una entrevista previa con este medio, que se tratara de un nuevo impuesto, y argumentó entonces que la intención era atemperar la definición de “canal de voz”, que no había sufrido ajustes durante la aprobación del Código Municipal en 2020.

Además del vetado impuesto, el proyecto proponía un nuevo esquema para la aprobación del sueldo de los alcaldes y alcaldesas, y alteraba el proceso de expropiaciones municipales.