El director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), José “Memo” González, reprochó este martes las expresiones de la jueza Wanda Cruz Ayala al emitir su sentencia contra Mayra Nevárez Torres, por conducir en estado de embriaguez y causar la muerte de Justin Santos, alegando que la togada utilizó el estrado para “atacar” al gobierno y la Legislatura.

González sostuvo que, más allá de un disuasivo para otros conductores con problemas de consumo de alcohol, la sentencia a 15 años de cárcel impuesta a Nevárez Torres “era lo que tenía que pasar”.

“Respetamos el poder de la Judicatura, claro que sí, pero utilizar el estrado para atacar al gobierno de Puerto Rico, para atacar la Legislatura y para desearle suerte a una persona que mató a un inocente es una irresponsabilidad de parte de la juez”, dijo, a preguntas de la prensa, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

“Tengo que decir que, más allá de un disuasivo, ayer (lunes) la justicia brilló, y no fue gracias a la juez, porque la juez vino obligada a cumplir con una sentencia. Ayer (lunes), vimos claramente que, si no es por el Tribunal Supremo y por la ley que se firmó, vimos lo que iba a suceder con este caso de Justin: que Mayra Nevárez iba a seguir pasando sus navidades, que lleva cuatro, en su casa”, agregó.

Previo a emitir su sentencia, Cruz Ayala tomó uno minutos para hacer unas expresiones “personales”, en las que exhortó a Nevárez Torres a proteger su integridad, no perder la esperanza y utilizar el proceso como una oportunidad de reconstrucción y crecimiento personal. A la familia de Santos –hermano del exponente urbano Arcángel–, le deseó consuelo, serenidad y fortaleza en medio del dolor.

Sostuvo, asimismo, que la justicia no solo trata de castigar, sino también de sanar y rehabilitar para prevenir la reincidencia y promover la reintegración de las personas a la sociedad. Al respecto, sostuvo que, cada día, más sistemas judiciales en el mundo están adoptando enfoques más humanos y compasivos en la aplicación del derecho.

“La justicia restaurativa busca atender el daño causado por el delito, reconociendo a las víctimas, su familia y la comunidad, y promoviendo que la persona ofensora asuma responsabilidad de forma consciente con miras a la reparación y el cierre de ciclos”, subrayó la letrada, que el lunes también se acogió a la jubilación.

Originalmente, Cruz Ayala había sentenciado a Nevárez Torres a 15 años de restricción domiciliaria. Sin embargo, el Departamento de Justicia apeló, y un panel del Tribunal de Apelaciones revocó la determinación y ordenó a Nevárez Torres a cumplir los 15 años en prisión. La defensa acudió al Tribunal Supremo, pero el alto foro declaró “no ha lugar” la solicitud que buscaba revertir al Apelativo.

Cruz Ayala dijo que “respetaba” la determinación, aunque no la compartía por entender que “resultó en la sustitución de la discreción del tribunal sentenciador”. Nevárez Torres era primera ofensora, contaba con apoyo familiar y, según la evaluación de dos expertos, enfrentaba el uso problemático de alcohol, señaló la jueza.

Según la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo, o trastorno por consumo de alcohol, es una enfermedad crónica que implica un deterioro físico, mental o social debido al consumo de alcohol, caracterizada por una pérdida de control.

“Creemos en la rehabilitación, claro que creemos, y el secretario (del Departamento de Corrección y Rehabilitación) te aseguro que hará un buen trabajo con esa sentenciada... que se rehabilite donde tiene que rehabilitarse, en la cárcel”, ripostó este martes González.

“Te aseguro que, dentro de la cárcel, tú no vas a tener acceso al alcohol ni vas a tener acceso al ‘party’ ni a nadie para poderte rehabilitar. Sin duda alguna, en la cárcel, vas a tener servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos”, aseveró el también expolicía y exlegislador del Partido Nuevo Progresista.

En 2023, datos publicados por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), como resultado de las autopsias a 356 confinados fallecidos, evidenciaron que las sobredosis eran la segunda causa de muerte en esta población.

En sala, Cruz Ayala también cuestionó la firma de la Ley 136-2025, que establece pena en prisión obligatoria para todo conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias controladas que cause la muerte o grave daño corporal a otra. El estatuto también elimina la posibilidad de que una persona sea elegible para sentencias suspendidas o penas alternativas. “La eliminación de las alternativas al encarcelamiento y de la discreción judicial limita la capacidad de los jueces para evaluar cada caso en sus méritos particulares y emitir fallos conforme al derecho aplicable luego de una evaluación serena, imparcial y tomando en cuenta las situaciones de cada caso”, expuso.

El director ejecutivo de la CST recalcó, no obstante, que “ahora no hay espacio para interpretación”. “Ahora, si causas daño corporal a una personal en la calle manejando bajo los efectos del alcohol o causas la muerte de alguien, vas directamente a la cárcel por 15 años, que es como tiene que ser”, subrayó.