La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no avaló un proyecto de ley, presentado por el senador novoprogresista Gregorio Matías, que busca crear un retiro incentivado y un “retiro justo” para empleados del gobierno, por entender que violenta el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno central, la ley Promesa y el plan fiscal certificado.

“La Junta de Supervisión reconoce las numerosas contribuciones realizadas por los empleados del gobierno y comprende el deseo, y a menudo la necesidad, de muchos de ellos de jubilarse anticipadamente. Sin embargo, el proyecto del Senado 127, en su redacción actual, violaría el plan de ajuste de la deuda, que fue confirmado por una orden emitida en el caso del Título III del Estado Libre Asociado”, sostuvo la JSF en una carta del pasado viernes dirigida al senador.

Además, la JSF le recuerda a Matías que la Ley 80 del 2020, que proveyó un retiro incentivado para empleados del gobierno, fue anulada por el Tribunal Federal.

“Tras extensas conversaciones y negociaciones, la Junta de Supervisión y el gobierno llegaron a un acuerdo para implementar parcialmente la Ley 80 de manera fiscalmente responsable y garantizar el cumplimiento de los mandatos legales y las órdenes judiciales”, sostiene la carta.

Asimismo, la JSF le indica al senador que el proyecto de ley es “inconsistente” con el plan fiscal aprobado y certificado “porque aumenta los gastos mediante beneficios de pensiones acelerados adicionales sin compensar esos costos con aumento de ingresos o recortes de gastos”.

“Si bien el proyecto de ley contempla compensar el aumento de las pensiones con ahorros en la nómina, no prevé ningún mecanismo para garantizar que dichos ahorros proporcionen compensaciones suficientes ni que los puestos vacantes permanezcan sin cubrir. Por el contrario, los puestos en cuestión se han considerado ‘esenciales’”, reza la misiva.

El proyecto del Senado 127 crearía la “Ley Especial de Retiro Incentivado y Garantías de Pensión Justa a Empleados Esenciales” y aplicaría a empleados no cobijados por la Ley 80 del 2020.

También la JSF advirtió a Matías que la medida violenta la ley Promesa y que la Legislatura, contrario a lo que dice el proyecto de ley, no tiene la capacidad para reprogramar fondos.

Le indica al senador que, de aprobarse el proyecto de ley, sería “fiscalmente irresponsable, obstaculiza la recuperación financiera de Puerto Rico y lo lleva de vuelta a las prácticas de gasto que llevaron a su quiebra y a la promulgación de Promesa”.

La medida ya ha sido considerada en dos vistas públicas, según el registro de trámite legislativo del Senado. Son coautores del proyecto la senadora por el distrito 8 de Carolina Marissa Jiménez, y el independiente Eliezer Molina.