La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó “parcialmente” la petición del gobierno de Jenniffer González para asignar fondos estatales a los municipios afectados por las lluvias de abril y mayo, pero avaló una cantidad menor a la solicitada y alteró los pueblos que se beneficiarían del dinero.

Originalmente, el gobierno, a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), había solicitado $32 millones para 28 municipios afectados por las lluvias, con el fin de que pudieran realizar obra permanente y atender los daños. La JSF, en cambio, aprobó una transferencia de $28,693,548.

“La Junta de Supervisión aprueba parcialmente, con observaciones, la transferencia interagencial de la Reserva de Emergencia del año fiscal 2024 bajo la custodia de la OGP por un monto de $28,693,548 a los municipios enumerados en el Anejo A para cubrir los daños causados ​​por las inundaciones de abril-mayo de 2025, incluidas las reparaciones a infraestructura, carreteras, servicios públicos y servicios públicos esenciales”, lee una carta de la JSF, con fecha del viernes y firmada por el director ejecutivo del ente, Robert F. Mujica.

La carta va dirigida al director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, con copia al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech, y al secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez.

Rivera Berríos no estuvo disponible para entrevista este domingo pese a múltiples gestiones de este medio.

La misiva, no obstante, hace constar la denegatoria de una transferencia de $1,802,663, también solicitada por la OGP.

“La Junta de Supervisión deniega la transferencia interagencial, por un monto de $1,802,663, correspondiente a fondos adelantados de la Reserva de Emergencia del año fiscal 2025 a municipios que no han presentado informes de utilización de los anticipos de $100,000 aprobados en mayo de 2025″, indica el escrito.

El anejo que acompaña la carta detalla que 28 municipios recibirán los fondos. Sin embargo, la lista original de la OGP fue modificada para agregar a Isabela y Guaynabo, y eliminar a Guayanilla. A San Germán, aunque aparece en el listado, no se le asignó dinero.

Ni el alcalde de Guayanilla ni el de San Germán, Raúl Rivera y Virglio Olivera, respectivamente, contestaron llamadas de este medio. Ambos son del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En el caso de Isabela, el alcalde popular Miguel “Ricky” Méndez, comentó que, aunque su municipio no figuraba en el grupo inicial, luego le indicaron que estaba entre los beneficiados.

“En la primera (ronda), no nos incluyeron; en la segunda, sí. Nos dejaron para un programa de infraestructura que es para atender los derrumbes. (La lista) es por un comité de selección que ellos (el gobierno central) tienen allá. Ellos determinaban quién sí y quién no”, explicó Méndez, quien mencionó que aún no recibe los fondos.

En síntesis, estos son los municipios que se beneficiarán de la ayuda estatal: Adjuntas ($4,400,000), Aguas Buenas ($237,748), Añasco ($342,000), Barranquitas ($992,157), Cabo Rojo ($1,800,000), Camuy ($920,000), Caguas ($925,000), Carolina ($174,547), Cayey ($92,250), Ciales ($131,332), Cidra ($974,418), Comerío ($600,000), Corozal ($2,200,000), Guaynabo ($1,662,410), Hormigueros ($1,612), Isabela ($179,371), Lares ($745,000), Las Piedras ($355,000), Maricao ($979,000), Morovis ($3,358,490), Naranjito ($1,230,000), Orocovis ($1,683,843), Sabana Grande ($1,340,000), San Juan ($870,000), Utuado ($1,095,000), Vega Alta ($374,400), Vega Baja ($629,970) y Yauco ($400,000).

El listado se produjo hace meses, luego que el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arthur Garffer, visitara los pueblos afectados por las lluvias para constatar los daños. Cada municipio fue incluido en una lista que los declaraba parte de un estado de emergencia. Luego, el gobierno central solicitó a la JSF autorización para asignar $100,000 –provenientes del Fondo de Emergencia– a cada ayuntamiento con la intención de que pudieran atender problemas apremiantes e inmediatos.

El dinero fue desembolsado, entonces, a los 28 municipios, según confirmó la JSF, pero algunos, según consigna ahora el organismo fiscal, no sometieron evidencia sobre el uso del dinero.

“Se podrá reconsiderar el financiamiento adicional a los municipios a cambio de que presenten los informes de utilización antes mencionados”, sostuvo la JSF en su carta.