La Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) otorgó dos contratos, que sumaron $1.5 millones, al Centro Comunitario de Servicios a la Familia para realizar un proyecto de infraestructura en la quebrada Margarita, en Guaynabo, sin que la entidad estuviera autorizada por ley para administrar ese tipo de obras, que requieren una pericia que no tienen los directivos de la organización sin fines de lucro.