Al tiempo que celebraba el acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la firma de un presupuesto balanceado para el año fiscal que inicia el 1 de julio, la gobernadora Jenniffer González recalcó que coincide con los argumentos que el Senado esbozó el martes, en una resolución en la que rechazó la “permanencia arbitraria” del organismo en Puerto Rico e hizo un llamado al gobierno federal a tomar acción inmediata para su disolución.

“Está en la plataforma de gobierno que nosotros queremos salir de la intervención de la JSF. Por eso las acciones que estamos tomando de hacer un presupuesto balanceado. Hemos dejado las peleas del pasado de otras administraciones. Nos sentamos (y) nos pusimos de acuerdo (en la aprobación del presupuesto)”, dijo la gobernadora en un evento en Cataño, tras el cual se dirigiría a La Fortaleza para estampar su firma en el programa de gastos, junto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez.

Más allá del acuerdo para el presupuesto con cargo al Fondo General para el periodo 2025-2026, González, no obstante, dijo estar conforme con la expresión que avaló la Cámara alta por medio de la Resolución del Senado 236, en la que sostuvo que la JSF ha impuesto unilateralmente 50 requisitos para su salida que no están enumerados en la ley Promesa. Además, resaltó el “fracaso” de resolver controversias como la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Por tratarse de una resolución del cuerpo, la expresión no vincula a la Cámara de Representantes ni a la primera ejecutiva.

“Yo estoy en el récord, lo planteé en la campaña, está en el plan de gobierno. Queremos que (la JSF) salga inmediatamente, y ese reclamo lo vamos a hacer y yo lo estoy pidiendo también al Congreso. Así que me alegro de esa expresión de la Asamblea Legislativa, porque eso refuerza la realidad de que los puertorriqueños tenemos un gobierno electo y que, ciertamente, la Junta interviene en asuntos que no debería intervenir y nos limita tener prontitud para atender cosas”, aseveró la mandataria, mencionando como ejemplo las discusiones para liberar fondos sobrantes y destinarlos a los municipios a modo de “rescate”.

El presupuesto con cargo al Fondo General, que la gobernadora firmaría el miércoles, precisa la distribución de $13,095 millones y fue avalado en la Cámara de Representantes pasadas las 9:00 p.m. del martes. Tras la aprobación cameral, Méndez lo describió como el primer presupuesto balanceado elaborado por los cuerpos legislativos desde la entrada en funciones de la JSF y como “el principio del fin” del organismo impuesto.

La ley Promesa, promulgada en 2016 por el expresidente Barack Obama, dispone que, para la disolución de la JSF, se necesitan cuatro presupuestos balanceados consecutivos y que el gobierno logre acceso a los mercados de capital. Sin embargo, existen diferencias de interpretación relacionados con la definición de un “presupuesto balanceado”, si el requisito incluye a corporaciones públicas como la AEE –que todavía no ha reestructurado su deuda– y las exigencias adicionales que la propia JSF ha incorporado a los planes fiscales y que han llevado a expertos a anticipar que el organismo permanecerá, al menos, hasta entrada la década de 2030.

Durante la actividad en Cataño, en la que anunció, junto a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, la creación de una unidad móvil que visitará comunidades para ofrecer servicios preventivos y de emergencia, González evitó pronunciarse acerca del Proyecto del Senado (PS) 350 que limitaría el acceso de menores de edad a tratamientos de afirmación de género, así como sobre las enmiendas de la Legislatura que redujeron de cinco a tres años la congelación del impuesto al inventario.

En el caso del PS 350, que fue aprobado y remitido a La Fortaleza el lunes, se trata de una medida que había sido devuelta a la Legislatura por la gobernadora más temprano en el año ante preocupaciones esbozadas por el secretario de Salud, Víctor Ramos.

“Lo voy a evaluar con las recomendaciones que yo di, porque yo pedí las devoluciones de ese proyecto para que se incluyeran las enmiendas. Voy a ver cómo me llega la medida”, dijo González.

Con relación al Proyecto de la Cámara 420, que impulsa la congelación temporal del impuesto al inventario, la gobernadora recalcó que su preferencia sería eliminarlo permanentemente, pero subrayó que no existe, de momento, una fuente de ingresos alterna a los municipios. El miércoles, gremios empresariales criticaron las enmiendas que redujeron el término por el que aplicaría la congelación. La Cámara aprobó una congelación por dos años, mientras que el Senado lo enmendó a tres, en lugar de los cinco que proponía originalmente la pieza legislativa.

“No voy a dar una opinión hasta que yo tenga las medidas finales. Es un asunto programático. El PNP (Partido Nuevo Progresista) prometió al pueblo de Puerto Rico que se iba a congelar el (impuesto al) inventario por cinco años. (…) Es el compromiso que todos los candidatos a Cámara, Senado, y alcaldes llevaron a la pasada elección”, puntualizó.