Mientras insistía en que no va a “especular sobre imputaciones o alegaciones”, la gobernadora Jenniffer González anticipó este viernes que aguardará por el informe que encomendó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para determinar si tomará alguna acción en torno a la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, quien ha estado bajo fuego en pasados días por su participación en un negocio familiar de inspecciones de vehículos que, según se ha reportado, fue objeto de multas por numerosas irregularidades asociadas a la venta de marbetes.

González reveló que el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, le ha adelantado que el informe estará listo temprano la semana entrante.

“Aquí, hay un montón de alegaciones. La secretaria sometió toda la información en su proceso de evaluación, de confirmación (senatorial), cuando fue considerada para secretaria de Vivienda. (Pérez Peña) está haciendo un excelente trabajo como secretaria de Vivienda, a cargo de la reconstrucción de Puerto Rico. El secretario (González Montalvo) me informa que ya temprano la semana que viene debe estar listo el informe sobre las imputaciones que se hacen en DTOP para nosotros poderlas evaluar y, responsablemente, emitir a todos ustedes una opinión”, expresó González, tras participar de un evento de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico.

La primera ejecutiva confirmó que los hallazgos que surjan del análisis del DTOP se remitirán al Departamento de Justicia.

“Esta información, yo, como gobernadora, tengo que tenerla también. Claro que se le va a someter a Justicia y a las agencias concernidas, porque ya hay una querella juramentada en Justicia”, dijo, en alusión al referido presentado el jueves por los representantes del Partido Popular Democrático Swanny Vargas Laureano y Ramón Torres Cruz.

Junto al referido, los legisladores presentaron una declaración jurada de un supuesto delator o “whistleblower” que habría documentado las aparentes irregularidades relacionadas con el centro de inspección y venta de marbetes en Yabucoa que operaba a nombre de Pérez Peña. Según una investigación del programa “Los Datos son los Datos”, de WAPA TV, el centro –Yabucoa Auto Service LLC– habría expedido 1,200 marbetes de forma fraudulenta.

Pérez Peña ha reconocido que el centro es un “negocio familiar”, pero ha rechazado de plano responsabilidad por las fallas señaladas y que en algún momento haya incurrido en actos de “influencia indebida o gestión impropia a favor del negocio familiar o para afectar funcionario alguno”.

De acuerdo con el programa televisivo, un inspector del DTOP declaró bajo juramento que, tras el informe consignando las irregularidades, “recibió ataques, presiones y amenazas”.

Antes de ser secretaria de la Vivienda, Pérez Peña fue nombrada comisionada electoral alterna del Partido Nuevo Progresista, por designación de González tras su triunfo primarista sobre el exgobernador Pedro Pierluisi.

González no precisó, a preguntas de los medios, si ha discutido los señalamientos con Pérez Peña o si la funcionaria aún goza de su confianza.

“Hemos tenido reuniones de trabajo, pero no voy… La secretaria me ha dado sus explicaciones. He pedido al DTOP información relacionada con esto para poder uno tomar decisiones y hacer las evaluaciones correspondientes”, insistió.

González, de paso, defendió la cancelación un contrato que el DTOP había otorgado a la empresa Worldwide Environmental Products (WEP) para proveer la tecnología que utilizarían los centros licenciados para la inspección de vehículos. La compañía, que alegó que el sistema existente permite “fraudes sistémicos” e incumplimientos ambientales, presentó el lunes una demanda, en la que reclama $18 millones en daños.

“El contrato que se había adjudicado previo a yo asumir la gobernación le creaba un costo a toda la gente que tenía un carro viejo en Puerto Rico, porque significaba que iban a tener que pagar decenas y cientos de dólares más para una inspección de un vehículo. Esa no es la política pública”, planteó la mandataria.

El recurso de legal de WEP sostiene que, si bien la adjudicación de la solicitud de propuestas se produjo a finales de 2024 –bajo la gobernación de Pierluisi–, en febrero de 2025, entrada la administración de González, se firmó un acuerdo de entendimiento para que la empresa comenzara la transición de los equipos de inspección en verano de ese año.

No obstante, a finales de mayo, el DTOP canceló el contrato invocando una cláusula que le permite terminar unilateralmente el pacto, sin mayor justificación. La contratación de WEP desplazaba a Cartek Caribe, que había ofrecido los servicios desde 1997 y era responsable de supuestas fallas en los sistemas de inspección tras la implantación del marbete digital.