A horas de su comparecencia este miércoles al Departamento de Justicia –como parte de una investigación en curso relacionada con La Parguera–, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, afirmó que su propósito es que “se sepa la verdad” y se llegue hasta las últimas consecuencias que, a su juicio, impactan directamente al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez.

Hernández Ortiz debe estar en la sede de Justicia, en Hato Rey, a las 9:30 a.m., y fue citado por la directora de la Oficina de Integridad Pública y Oficina del Contralor, Sonia Martínez. Irá en calidad de testigo.

“La expectativa es que el Departamento de Justicia investigue esto de manera imparcial y que, al final del camino, se sepa la verdad de las razones por las cuales realmente se dio instrucciones de firmar esta orden administrativa, y que se sepa la verdad de que, en efecto, internamente, había recomendaciones de que no se hiciera. Y que también se sepa si el secretario (Quiles Pérez) le mintió al Senado durante su testimonio bajo juramento”, dijo, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Y, al final, que se deje sin efecto esa orden administrativa firmada ilegalmente”, abundó.

El senador del PPD se refirió a la orden que Quiles Pérez firmó en enero, a horas de su designación, que tuvo el efecto de archivar la pesquisa relacionada con la permanencia de las residencias ubicadas en el litoral de La Parguera, en Lajas, incluida la de los suegros de la gobernadora Jenniffer González. Luego, el secretario enmendó el decreto para establecer que el análisis se haría caso a caso.

La referida investigación en el DRNA fue ordenada, el pasado cuatrienio, por la exsecretaria Anaís Rodríguez Vega, quien compareció a Justicia, también como testigo, el pasado 23 de junio.

Hernández Ortiz aseguró que aportará “información” del caso que ha recibido “confidencialmente” y que no quiso adelantar porque “dañaría la investigación relacionada al evento de la orden administrativa”.

El Nuevo Día supo que Hernández Ortiz recibió información de que la División Legal del DRNA presuntamente no avalaba la firma de la orden administrativa, que tampoco incluía el archivo de los casos pendientes, lo que se habría incluido luego bajo un nuevo inciso.

El 23 de junio, Rodríguez Vega dio su testimonio por más de tres horas. Al salir de Justicia, el abogado de la exsecretaria, Leonardo Aldridge, sostuvo que su clienta, al dejar la silla en diciembre pasado, no dejó ninguna orden administrativa pendiente de consideración, contrario a lo esbozado por la gobernadora.

“Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos es quién dio la instrucción de que ese documento fuera el primer documento que firmara el secretario, sin apenas haberse sentado a calentar bien la silla”, recalcó Hernández Ortiz.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, había dicho que la pesquisa surgió tras un referido de Hernández Ortiz, pero, tras este rechazar dicha información y mostrar documentos oficiales del Senado, quedó claro que el referido lo hizo la exdesignada secretaria de Justicia Janet Parra. Hernández Ortiz presentó la respuesta de Parra, quien desistió de emitir una opinión legal y optó, en cambio, por referir el asunto a la División de Integridad Pública y Oficina del Contralor cuando el senador así se lo pidió.