LUMA Energy defendió este lunes, durante la continuación de las vistas de revisión tarifaria ante el Negociado de Energía (NEPR), su propuesta para realizar reasignaciones presupuestarias -sin previa autorización del ente regulador- en montos que no excedan el 5% de las partidas.

Alejandro Figueroa, principal oficial regulatorio de LUMA Energy, sostuvo que este mecanismo les daría más flexibilidad para realizar trabajos en la red cuando surja la necesidad, en vez de tener que pasar por un dilatado proceso de aprobación ante el NEPR.

“Lo que LUMA está proponiendo es que el Negociado adopte un presupuesto anual a través del procedimiento que escoja y que establezca que, cualquier enmienda a ese presupuesto, se le permita a LUMA realizarlo, en tanto se mantenga en un rango del 5% de cada uno de los presupuestos”, indicó Figueroa durante la audiencia.

El ejecutivo aclaró que no piden flexibilidad completa. Más bien, que se alineen los procesos del Negociado a lo que establece su acuerdo de operación y mantenimiento (OMA, en inglés), que ya incluye la disposición que permitiría redistribuir asignaciones -entre el presupuesto operacional, el de capital no federal y el de capital federal- hasta un máximo del 5% del total.

Esta propuesta no les permitiría, de ninguna manera, aumentar el presupuesto, advirtió Figueroa.

Asimismo, argumentó que el NEPR tendría mecanismos para fiscalizar el uso de los presupuestos y la ejecución del trabajo. Entre las herramientas que detalló el ejecutivo, están los informes trimestrales que LUMA debe rendir al Negociado y un sistema de multas o penalidades, que escuetamente presentaron durante su testimonio.

“En cualquier momento, pueden abrir un procedimiento para monitorear si algo ha sido inconsistente, pueden enviar órdenes dirigiéndonos a una prioridad particular que podamos tener. A través de los años, continuarán teniendo visibilidad y la potestad de corregir la ejecución de un presupuesto de LUMA”, aseguró Figueroa.

Los comisionados y el oficial examinador Scott Hempling cuestionaron, a lo largo de la vista, la propuesta de LUMA y las garantías que tendría el NEPR, como ente regulador, para supervisar el gasto de los operadores de un servicio esencial.

Hempling indicó que le parecía “extraño e incompleto que basen toda su postura en que el Negociado no debería tener nada que decir, de antemano, sobre lo que van a hacer”, anclándose en un sistema de multas que no detallaron.

Ante los cuestionamientos de Hempling, el principal oficial financiero de LUMA Energy, Andrew Smith, reconoció que, en términos económicos, es “crítico” saber la cuantía de las sanciones y por qué se impondrían.

Al admitir que no dio ningún detalle de cómo funcionarían las penalidades, Smith mencionó que “eso sería una construcción legal y regulatoria, no de finanzas”. En tal caso, dejarán al regulador determinar cómo funcionarían las multas, si acogen la propuesta.

En múltiples instancias durante la vista, se discutió la posibilidad de que el gasto de LUMA pudiera ser “imprudente” y que no se pudiera supervisar de antemano. Ante este planteamiento, el consorcio a cargo de la distribución y transmisión eléctrica argumentó que nunca el NEPR había señalado gastos “imprudentes” de su parte.

La comisionada Lillian Mateo, igualmente, se mostró preocupada por las garantías de fiscalización que tendría el NEPR, pues LUMA Energy también propuso remitir solo tres informes trimestrales –en lugar de cuatro–, y uno anual al concluir el año.

“El hecho de que no ha pasado no quiere decir que no vaya a pasar. Tomar el riesgo, para mí, en este momento, es bien preocupante, el remover esa medida y esa precaución que tenemos ahora. Podemos estar a ciegas, si algo pasa. No estoy adjudicando o comentando en el desempeño de las tres entidades (LUMA, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica), pero esa herramienta nos ha provisto más visibilidad que, de otra forma, podría ser bien preocupante no tener”, verbalizó la comisionada Mateo.

“Yo espero que podamos dejar esto en algún punto, pero no estoy segura que el sistema esté en una situación económica que eso pueda pasar ahora mismo, sin pasar juicio del desempeño de nadie”, agregó.

Por su parte, el presidente del NEPR, Edison Avilés, expresó la preocupación de que se dejaran de atender las tareas para las que el regulador había aprobado los fondos.

“Cuando mueves dinero para una tarea que ya aprobamos para hacer otra, no estás haciendo estas tareas. Así que, al final del día, vas a venir a donde nosotros a pedir dinero para hacer esa tarea luego. [...] ¿Por qué pedirías dinero para hacer una tarea, ahora mismo? Porque es necesario. Si no lo fuera, no lo hubiéramos aprobado”, subrayó Avilés.

El proceso de revisión tarifaria recién entró en su tercera semana de vistas y se espera que se extienda hasta mediados de diciembre. En la sesión del lunes, estaba previsto discutirse los fondos federales, pero se reprogramó ese tópico para exponer los asuntos presupuestarios.

En el panel de testigos, también participaron representantes de Genera PR y la AEE.