El Departamento de Justicia anunció este miércoles que la nueva Unidad Especializada de Maltrato a Adultos Mayores, en funciones desde el pasado 20 de octubre, ha radicado 80 casos por diferentes delitos contra esta población, en momentos en que las denuncias de este tipo en lo que va de año se acercan al total reportado en 2024.

“Este equipo de trabajo va a responder a la política pública de nuestra administración de proteger a nuestros adultos mayores de la explotación financiera, del maltrato y la negligencia. Estos son los delitos que más estamos viendo y representa una intención del Departamento de Justicia de atenderlos de manera directa”, destacó la gobernadora Jenniffer González, frente a los 26 fiscales asignados a la Unidad Especializada.

Entre el 1 de enero y el 17 de noviembre, Justicia atendió 814 casos por maltrato a adultos mayores en las 13 fiscalías. En 2024, se atendieron 817. Anteriormente, estos casos se atendían por fiscales asignados por cada jurisdicción y no necesariamente estaban especializados en el tema como en otros delitos.

La mayoría de estos casos corresponden al Artículo 127-A del Código Penal de 2020, que conlleva el maltrato a personas de edad avanzada, con 611 casos radicados bajo esa categoría.

Mientras, Justicia ha obtenido más convicciones bajo el Artículo 127-A este año –246– que en 2024, que cerró con 184.

“Quiero que sepan que no están solos. Desde que se firmó la Orden Administrativa 2025-11 (que ordena la creación de la Unidad Especializada), el 20 de octubre, se han radicado 80 casos y hay cuatro en proceso, así que vemos el compromiso de estos fiscales”, sostuvo la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

La fiscal Vanessa Birriel Figueroa estará a cargo de los 26 fiscales de la Unidad Especializada que debe investigar, radicar y procesar los delitos contra la población de la tercera edad en Puerto Rico.

“Tenemos una responsabilidad de ayudar a ese adulto mayor, brindarle la confianza para que crea en el proceso. Ciertamente, el estado de derecho nos provee unos mecanismos para poder trabajar los casos cuando el adulto mayor no esté disponible”, respondió Birriel Figueroa.

En la mayoría de los casos, el perpetrador del maltrato, negligencia o explotación financiera es una persona cercana a la víctima, apuntó la secretaria de Justicia. Además, la gobernadora agregó que muchos casos no prosperan en corte porque los adultos mayores temen testificar contra su ser querido.

“Estamos dando la instrucción a todos los fiscales que, desde la etapa investigativa, busquen alternativas para no depender del testimonio del perjudicado. Muchas de esas llamadas las hacen los vecinos. El policía, cuando llegó, pudo ver parte de lo que allí sucedió…”, indicó el jefe de fiscales, Juan Ramos García.

En torno al complemento de apoyo emocional, la directora de la Oficina de Compensación y Asistencia a Víctimas y Testigos, Sheila Miranda, explicó que, de manera compulsoria, cuando lleguen los casos a fiscalía, se le debe asignar al peticionario o víctima un técnico de víctimas.

“Desde que ese adulto mayor llega a la fiscalía, debe ser referido al técnico para que realice las entrevistas e identifique cuáles son los servicios necesarios”, detalló, al abundar que podrían hacer referidos a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) o la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada.

La mandataria resaltó que el grupo de fiscales ya recibió adiestramientos sobre edadismo, comunicación empática y protección legal a adultos mayores. “Va a intervenir la Unidad de fraude al Medicaid en aquellos casos de fraude contra adultos mayores en instituciones”, agregó González.

La Unidad Especializada estará también a cargo de coordinar los seminarios y adiestramientos a otros fiscales del Ministerio Público sobre las últimas técnicas de investigación, procesamiento y experiencias de esta población vulnerable, así como preparar informes y estadísticas para prevenir más casos.

Las regiones con más casos radicados de maltrato contra adultos mayores son Bayamón, Aguadilla y Arecibo.

“No nos debe sorprender que luego de establecer esta Unidad, tengamos un aumento en la radicación de casos”, anticipó la gobernadora, quien explicó que la creación de la nueva división no requirió una asignación adicional de fondos.