El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, rechazó este domingo que la aprobación de la declaración de impacto ambiental (DIA) de los proponentes del Proyecto Esencia, en Cabo Rojo, se haya efectuado “en cuartos oscuros”, y subrayó que todavía restan trámites y permisos del gobierno antes que se pueda dar paso a la construcción.

De paso, descartó que la manera en que se avaló la DIA del proyecto abone al ambiente de desconfianza que prevalece entre algunos grupos que se oponen al desarrollo del complejo de lujo.

“Aquí falta un proceso de la ubicación, del permiso de construcción y otras cosas que toman, quizás hasta un año o más. Pero decir que se está haciendo algo en cuartos oscuros o algo así, sería faltarle a la verdad”, expuso Peña Payano durante el “resumen semanal” que el gobierno de Jenniffer González realiza cada domingo.

“No es una decisión que se tomó al azar, no se tomó a la ligera, no fue con prisa, no fue una evaluación destemplada. Es parte de un proceso que tomó casi más de un año, que no es el último..., y tenemos que hacer énfasis que está dentro del marco legal”, recalcó.

La Junta Adjudicativa de la OGPe aprobó la DIA del controvertido proyecto, y el documento fue firmado por el secretario auxiliar de la agencia, Norberto Almodóvar Vélez, el 23 de diciembre. No obstante, el aviso público sobre esa gestión se emitió el 24 de diciembre, día de Nochebuena, en las páginas de El Nuevo Día.

“Uno tiene que tener mucha cautela entre qué genera desconfianza y qué es lo que la genera. La desconfianza puede ser producto de insinuaciones, de desinformación, y nosotros hemos sido sumamente transparentes. De hecho, cabe recordar y resaltar que aquí se transmitieron todas esas vistas”, resaltó Peña Payano.

La DIA final se dividió en 16 tomos de 8,529 páginas, que incluyen más de 50 anejos de estudios, memorandos, comentarios y ponencias.

Luego de conocerse la determinación de cumplimiento de la DIA por parte de la OGPe, grupos que rechazan el proyecto -como el Institute for Socio-Ecological Research Caribe y la coalición Defiende a Cabo Rojo- afirmaron que analizarán lo aprobado con la intención de identificar posibles deficiencias y auscultar si procede una impugnación administrativa o hasta judicial.

Estas voces han alertado sobre el impacto social y ecológico del proyecto, en el barrio Boquerón, y su supuesta incompatibilidad con los recursos naturales disponibles, en ámbitos como la conservación de la flora y fauna, la demanda proyectada de agua potable y la geología costera.

En tanto, la firma proponente, Cabo Rojo Land Acquisition LLC, ha señalado que la DIA final incorporó ajustes exigidos tras la entrega de comentarios del público y las agencias concernidas.

De acuerdo con el aviso público de la determinación de cumplimiento de la DIA, los desarrolladores de Esencia proponen que el complejo de 1,549 cuerdas cuente con 530 habitaciones de hotel, 1,132 residencias turísticas, una escuela con 500 dormitorios, dos campos de golf, áreas recreativas, servicios médicos y espacios comerciales y de entretenimiento.

La inversión total se estima en $2,684 millones, con la proyección de crear 17,000 empleos en su fase de construcción y unos 3,000 permanentes.

“La declaración de impacto ambiental es una evaluación que se hace... tan siquiera se ha dado un permiso de construcción todavía. Falta que se haga la evaluación del centro de ubicación, así que faltan unos procesos”, enfatizó el secretario de Asuntos Públicos.

Peña Payano adelantó que esta semana el secretario auxiliar de la OGPe se expresará públicamente para “aclarar” el alcance de la DIA y los pasos que aún tendrían que darse para viabilizar el proyecto.

“Lo que ocurrió con esa declaración no es que mañana van a empezar a construir ese complejo turístico allí. Es parte de un proceso que se llevó a cabo un día laborable. Todavía, faltan muchas etapas en las cuales el pueblo de Puerto Rico y todas las personas interesadas van a poder participar y expresarse, como así lo han hecho hasta ahora”, argumentó el funcionario de La Fortaleza.

En su resolución, la OGPe estipuló 46 condiciones –de acciones o planes que todavía no se han elaborado– con las que los proponentes deberán cumplir antes, durante o después de la fase de construcción, si se aprueba el permiso para proceder con el desarrollo.

Entre los requerimientos previo a la etapa de ejecución, los desarrolladores tendrían que someter ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) planes para el manejo de la flora y monitoreo de aves, así como de “restauración y mejora ecosistémica para los corredores naturales” que hayan sido “intervenidos”, previamente, por el ser humano.