Tras la radicación de un nuevo proyecto de administración para congelar el impuesto al inventario por cinco años como paso previo a su eliminación, el comité de trabajo creado por la gobernadora Jenniffer González para discutir alternativas de reemplazo comenzará a reunirse los próximos días, aunque de inmediato se desconocen detalles sobre cómo funcionaría.

“Las reuniones se van a estar anunciando próximamente. Recordemos que se radicó el proyecto. Eso es preciso aclararlo. La versión del proyecto de administración es el proyecto de administración número 81 y, en efecto, se radicó tanto en Senado como en Cámara, y nosotros vamos a poner la bola a correr”, indicó este domingo Jean Peña Payano, asesor en Asuntos Legislativos de la gobernadora, durante una rueda de prensa en La Fortaleza.

Aseguró que esta semana deben hacerse anuncios sobre las primeras reuniones, pero no dio mayores detalles.

El jueves, la gobernadora vetó el Proyecto de la Cámara 420, que congelaba el impuesto al inventario durante tres años y lo eliminaba en el 2028. La mandataria determinó rechazar la medida, que promovían los líderes legislativos, por entender que amenazaba las finanzas municipales, al no identificar un sustituto al gravamen.

El impuesto al inventario representa $314 millones en ingresos para los ayuntamientos, y ese dinero se utiliza para costear sus operaciones, así como para el repago de préstamos municipales y la deuda reestructurada del Estado. La gobernadora, al vetar el PC 420, recordó que no fue exactamente lo prometido durante la campaña, en el 2024, sino que el compromiso era para congelar el impuesto al inventario por cinco años y, en ese período, conseguir una fuente alterna de recaudos.

Tras el veto, González presentó, de inmediato, el proyecto de administración 81 y creó un comité de trabajo compuesto por alcaldes populares y novoprogresistas, así como representantes del sector empresarial.

Los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, advirtieron que no atenderán el tema hasta que el grupo de trabajo presente alternativas claras para sustituir el impuesto.

Peña Payano recordó que el plan fiscal certificado del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) establece que el impuesto al inventario representa “el 54.8% del total de contribución sobre la propiedad mueble facturables”.

“Es un ejercicio que tenemos todos que colaborar, ser comunicativos y buscar soluciones porque, a fin de cuentas, eso es lo que quiere la gente. Más allá de uno poder describir los problemas, es darle soluciones, y les aseguro que eso es lo que va a hacer la gobernadora”, afirmó el asesor de La Fortaleza.

Respecto a la llamada reforma contributiva que prometió la administración de González, Peña Payano dijo que el anuncio se hará “cuando sea oportuno”. “Créanme, y lo he dicho, la comunicación entre la Cámara y el Senado es muy buena, más allá de lo que la gente pueda percibir”, sostuvo.

Rivera Schatz y Méndez han cuestionado los planes del Ejecutivo de aprobar ese proyecto de ley antes que culmine la presente sesión, a finales de este mes, y la necesidad de identificar de dónde se allegarían los $500 millones que se estima costarían los cambios al sistema tributario.