Pese a las objeciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al presupuesto recomendado por el Ejecutivo para el año fiscal que se inicia el 1 de julio, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, aseguró que la disponibilidad de fondos para las iniciativas promovidas en el documento no está en juego, toda vez que las partidas denegadas preliminarmente pasan a las reservas custodiadas por el gobierno.

La OGP debe someter este viernes la versión revisada del documento, a raíz de las “violaciones” identificadas por el organismo que controla las finanzas públicas en una carta divulgada la semana pasada.

Según Blanco, al incluir las partidas denegadas para las operaciones de entidades como la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y los municipios, así como la implantación de programas como la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear) y el Plan de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia, el presupuesto en desarrollo mantiene unos $292 millones “disponibles”.

“La línea de ‘reserve for budgetary considerations’ (reserva para consideraciones presupuestarias) está aproximadamente en $116 millones y la de ‘reserve for fiscal plan initiatives’ (reserva para iniciativas incluidas en el plan fiscal), en $176 millones. (Son) casi $300 millones”, comentó el jefe de OGP, al puntualizar que la revisión no supondrá “una competencia por fondos”.

Dentro de esos renglones, figuran asignaciones rechazadas preliminarmente, como los $102 millones que se solicitaron para la UPR por encima de la aportación base de $500 millones, otros $9.2 millones que no se autorizaron a la CEE, $21 millones para Idear y $20 millones para el plan que tiene como objetivo reducir los niveles de violencia. Ahí, también se encuentran $80 millones que el gobierno había pedido para cubrir la aportación que hacen los municipios al Plan Vital, un asunto en el que la JSF ha chocado con el gobierno desde 2019.

“Nosotros no estamos en aras de litigio y de complicar la cosa”, declaró Blanco en torno a la controversia por la aportación municipal al plan de salud gubernamental. “Nuestra meta es continuar apoyando a los municipios y, siendo práctico, tenemos que buscar alternativas que hagan llegar los recursos a los municipios lo más rápido posible, de la manera más eficiente. Estamos mirando otras alternativas. Hemos asegurado algunos fondos, pero reconocemos que tenemos que seguir trabajando de manera creativa para sostener ese apoyo”, sentenció.

La JSF sí dio paso a otros $74 millones que se destinarían a los municipios, pero se mantendrían bajo la custodia de la OGP hasta tanto se cumplan determinadas condiciones estipuladas en el plan fiscal, un documento que se debe certificar el 5 de junio, en la próxima reunión pública del organismo.

Blanco catalogó como un “desafío” someter una revisión presupuestaria, reforzando las justificaciones para las asignaciones solicitadas, días antes de que se certifique un nuevo plan fiscal que podría ajustar los parámetros que la JSF evaluará.

“Lo que estamos ahora trabajando, con estas cuatro iniciativas que son pilares de la política pública, como Idear, (el plan de) Reconstrucción Social, es asegurarnos que, en el presupuesto, en vez de estar en el pote genérico, esté asignado con nombre y apellido”, afirmó, al describir como una ventaja que no exista una disputa por el monto global del presupuesto, que será de $13,062 millones.

“En el caso de la UPR, o de Idear, nos están pidiendo una información adicional para que esa partida esté con nombre y apellido en el presupuesto. Es parte de la discusión o colaboración que estamos teniendo”, insistió.

El martes, al dar paso a la prórroga que había solicitado la administración de Pedro Pierluisi para devolver el presupuesto revisado, la JSF dispuso que el 5 de junio entregaría a la Asamblea Legislativa una versión del proyecto de gastos “en cumplimiento”. Para el 14 de junio, la Legislatura sometería su versión a la JSF que, a su vez, notificaría las violaciones el 21 de ese mes.

En respuesta a esa notificación, la Legislatura presentaría un presupuesto revisado el 26 de junio y la JSF certificaría el proyecto de gastos para el 30 de junio, último día del año fiscal corriente.

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