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Pedro Pierluisi firma ley que restringe la libertad bajo palabra a convictos por agresión sexual y pornografía infantil

El nuevo estatuto establece que aquellas personas cuyos casos estén bajo consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra, “sin que haya una determinación final, no cualificarán para este privilegio”

28 de mayo de 2024 - 7:01 PM

El gobernador Pedro Pierluisi optó por vetar el Proyecto de la Cámara 909 y el Proyecto del Senado 447. (Vanessa Serra Díaz)

El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley este martes en una medida dirigida a que las personas convictas por agresión sexual y pornografía infantil no puedan beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra, indistintamente de la fecha de la comisión del delito y el Código Penal utilizado para dictar sentencia.

La nueva ley, antes el Proyecto de la Cámara 2106, establece que aquellas personas cuyos casos estén bajo consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), “sin que haya una determinación final, no cualificarán para este privilegio, indistintamente de la etapa procesal en que se encuentre la referida solicitud”.

Mientras, en los casos en que las personas que se encuentren disfrutando de este beneficio tras cometer este tipo de delitos, y se les revoque posteriormente, no se les concederá nuevamente.

La medida busca aclarar el lenguaje de la Ley 85 de 2022, que redujo la sentencia mínima de cárcel que un reo debe cumplir antes de ser considerado por la JLBP. A pesar de que el estatuto dispone que los convictos por agresión sexual no podrán optar a este beneficio, una reciente interpretación de la JLBP establecía que dicha directriz solo aplicaría a los convictos bajo el Código Penal de 2012.

Tras esta opinión, un grupo de mujeres agredidas sexualmente por Félix Hernández Dobles, quien solicitó su liberación condicional al amparo de la Ley 85 de 2022, se dieron a la tarea de abogar por la legislación en vías a aclarar que ningún convicto por este delito podrá extinguir la pena fuera de cárcel, independientemente la fecha del delito y el código penal bajo el que fue procesado.

Además de esta medida, que contó con amplio apoyo, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, Pierluisi firmó Proyecto del Senado 809, que enmienda la Ley de Judicatura para clarificar que los nombramientos de los jueces en tribunales municipales, superiores o apelativos comenzará a transcurrir desde que el gobernador haga el nombramiento. En casos de renominación, el nuevo término contará desde que venza el anterior.

A un mes de que termine la última sesión ordinaria de la Legislatura, el primer ejecutivo también convirtió en ley el Proyecto del Senado 1167, que amplía las protecciones dispuestas a los deudores hipotecarios durante el proceso de negociación, incluyendo que el acreedor hipotecario no podrá negarse a aceptar pagos parciales a la deuda. Asimismo, firmó el Proyecto del Senado 409 para atemperar la Ley sobre Prácticas Justas en la Distribución y Exhibición de Películas Cinematográficas a las nuevas disposiciones federales.

Igualmente, Pierluisi dio paso al Proyecto del Senado 1271, que obliga a que las instituciones académicas que estén dentro de instalaciones militares en Puerto Rico, pero no tengan propósitos relacionados a las fuerzas armadas, se registren en la Junta de Instituciones de Educación Básica adscrita al Departamento de Estado. A su vez, el mandatario firmó el Proyecto del Senado 1281 para que el 7 de agosto de cada año sea el Día del Ciclista y de la Concienciación Ciudadana.

De otra parte, el gobernador optó por rechazar el Proyecto de la Cámara 909 y el Proyecto del Senado 447.

En un comunicado de prensa, explicó que el primero de los proyectos eliminaba la disposición que faculta a los agentes del orden público a confiscar cualquier vehículo todoterreno que contravenga con la ley y que constituyen un delito menos grave.

“Cuando se hace uso indebido de este tipo de vehículos, tanto sus conductores y pasajeros como la ciudadanía en general corren peligro cuando se discurre por las vías públicas. Es política pública de mi administración luchar contra el crimen y defender la ley y el orden. Por lo tanto, el acto de confiscación debe permanecer en nuestro estado de derecho como un disuasivo a la peligrosa práctica de conducir este tipo de vehículos en contravención a la ley, lo que afecta la seguridad y la tranquilidad de nuestro pueblo”, expuso Pierluisi.

Respecto al segundo proyecto que vetó, que buscaba autorizar a los peritos electricistas a conectar y desconectar contadores y fuentes de energía aéreas y soterradas, el gobernador explicó que los cambios en los sistemas de transmisión y distribución de energía, principalmente en líneas de alto voltaje, requieren capacitación constante “para lo cual esta pieza legislativa es silente”.

“El riesgo de pérdida de vida en este tipo de trabajo, sin la coordinación o el adiestramiento, equipo y tecnología necesario para realizar las tareas, es demasiado latente. No puedo avalar este lenguaje aprobado por la Asamblea Legislativa que toma tan livianamente la vida de estos trabajadores”, puntualizó.

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