Los abogados de Physician Correctional, empresa que administra y opera los servicios de salud para la población de confinados en Puerto Rico, aseguraron durante una intervención en el programa “Primera Pregunta” de Telemundo que demandarán al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) por presunto incumplimiento de contrato.

El secretario del DCR, el exjuez Francisco Quiñones Rivera, abrió, la semana pasada, nuevas convocatorias para identificar posibles proveedores de estos servicios tras enviar un aviso formal de cancelación de contrato a Physician Correctional, compañía seleccionada por el DRC en el 2018.

Según explicaron los licenciados José Andreu Fuentes y Frank Torres Viada, someterán demandas, tanto en el foro estatal como en el federal, al entender que se trata de un incumplimiento de contrato debido a “un capricho político” de la gobernadora Jenniffer González.

“Todos sabemos que la gobernadora dijo que iba a cancelar el contrato porque era una promesa de campaña y que el secretario buscaría las maneras legales de lograrlo. En otras palabras, eso que dice el secretario ahora es un pretexto porque la razón para cancelar el contrato es una razón ilícita, por un capricho político de la gobernadora de una supuesta promesa de campaña para dejar sin efecto el contrato”, señaló Andreu Fuentes a preguntas del periodista y anfitrión de “Primera Pregunta”, Rafael Lenín López.

“Si eso sucede en Puerto Rico, si eso se permite, se acabó la ley y el orden en este país”, añadió.

El veterano abogado explicó que primero someterán un recurso legal en el foro estatal y, posteriormente, harán lo propio en la esfera federal.

“Aquí, claramente, hay un incumplimiento de contrato. Ningún contrato puede dejarse sin efecto por una mera promesa de campaña. Hay una disposición constitucional estatal y federal que establece que ninguna ley, ninguna actuación gubernamental puede menoscabar obligaciones contractuales. Eso es algo básico en un sistema democrático”, dijo.

No obstante, los letrados no indicaron cuándo radicarán las demandas.

Ambos abogados distanciaron a Physician Correctional de la responsabilidad en la liberación de Hermes Ávila Vázquez, quien asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega tras ser liberado mediante un pase de salud luego de, presuntamente, fingir que no podía caminar.

Ávila Vázquez, supuestamente, fue evaluado por un panel médico de la compañía, y es la razón principal ofrecida por el DCR para prescindir de los servicios de Physician Correctional.

“Aquí, en este país, se ha construido una narrativa pública que es equivocada. A Hermes Ávila no lo soltó Physician Correctional, lo soltó Corrección. Como establece la ley, Physician Correctional evaluó el expediente médico entregado por el Fondo del Seguro del Estado, no lo evaluaron a él directamente”, aseguró Torres Viada.

Los abogados indicaron que, más allá del criterio médico, el DCR tiene la responsabilidad de evaluar el caso minuciosamente antes de someterlo a la evaluación médica de Physician Correctional.

“Los oficiales de Corrección tenían que evaluar la sentencia que estaba extinguiendo, la peligrosidad para la comunidad, sus vínculos familiares, tenían que supervisarlo, y no hicieron nada de eso”, añadió.

“El reglamento 9242 del DCR establece que cualquier persona con incapacidad fisiológica permanente puede salir en un pase extendido si cumple con una serie de criterios, y este señor no cumplía con ninguno de esos criterios, solo cumplía con el criterio médico, que fue el que evaluó nuestro cliente (Physician Correctional)”, señaló, por su parte Andreu Fuentes.

El abogado enfatizó que existen 10 criterios a evaluar antes de aprobar un pase de libertad por salud. Solo uno de esos criterios, el médico, fue el que evaluó Physician Correctional, con el cual Ávila Vázquez, según los letrados, cumplía a cabalidad.

Ambos representantes legales enfatizaron que Ávila Vázquez salió a la libre comunidad bajo la responsabilidad única de la exsecretaria del DCR, Ana Escobar.