Si el gobierno de Puerto Rico acatara el llamado del presidente Joe Biden y ofreciera un indulto a todos los ciudadanos previamente convictos a nivel estatal de poseer marihuana para su uso personal, al menos, cientos -quizás miles- de personas podrían liberarse, de un momento a otro, del estigma social que conlleva tener su nombre atado a la comisión de un acto que todavía se considera un delito grave bajo el ordenamiento penal vigente.