A la administración de Jenniffer González, no le sorprende que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) haya acudido al Tribunal Supremo como “amigo de la corte” para solicitar la desestimación de las demandas del gobierno para la cancelación del contrato con LUMA Energy, afirmó este jueves el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano.

“A mí, no me sorprende que la Junta esté a favor de LUMA. No nos sorprende, pero yo espero que el pueblo, que es sabio, vea, como he dicho en otros programas aquí en La Fortaleza, quién está del lado de la gente y quién está del lado de LUMA”, dijo, durante la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”.

“La gobernadora condenó y expresó que es una barbaridad que LUMA ahora –alegaron ellos, no nosotros– que, por un error en sus proyecciones y en sus análisis, hay que aparentemente pasarle al pueblo de Puerto Rico otro aumento más”, agregó Peña Payano.

El 30 de septiembre, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó una tarifa récord de 33.86 centavos por kilovatio hora (kWh) tras acoger la mayor parte de la petición de ajuste que LUMA presentó, a partir de los costos de combustible reportados por Genera PR y las proyecciones en ese renglón para el último trimestre del año. El alza entró en vigor el 1 de octubre.

Pero, el viernes pasado, LUMA sometió al NEPR una moción informativa alertando de un déficit de $48 millones registrado en septiembre, asociado a gastos e ingresos calculados bajo la cláusula de ajuste por combustible, que pudiera representar un alza de 1.8 centavos en el costo del kWh. Al momento, el NEPR evalúa la petición de aprobar un “ajuste acelerado” a la tarifa.

Peña Payano arremetió contra el NEPR al indicar que espera que el ente regulador “no siga respondiendo a que, cada vez que LUMA quiere un aumento, le digan que sí”.

“El que la Junta haya estado del lado, nuevamente, ante el Tribunal Supremo, y otras entidades estén a favor de LUMA, pues, mira, yo lo resumo bien fácil: están poniendo en duda la sapiencia del pueblo de Puerto Rico”, insistió el portavoz de La Fortaleza.

La JSF argumentó ante el Tribunal Supremo que, de anularse el contrato de LUMA, el gobierno no tendría la capacidad de administrar el sistema eléctrico por medio de la Autoridad de Energía Eléctrica y buscar un sustituto tomaría “años”.