De aprobarse el Proyecto del Senado (PS) 127, que busca dar paso a un programa de retiro incentivado para algunos empleados del gobierno, sufriría la misma suerte que la Ley 80 del 2020, que tenía un objetivo similar y fue anulada por el Tribunal Federal a petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), advirtió este domingo el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo J. Ortiz Miranda.

“Como sabemos, estamos sujetos a los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal. Aquí, en la isla, ya se expresaron en contra así que, en la medida que esa ley progrese, pues sufrirá el proceso en los tribunales”, anticipó Ortiz Miranda.

En junio, la JSF objetó el PS 127, presentado por el senador novoprogresista Gregorio Matías, quien acudió ante el organismo fiscal para consultarle sobre la medida.

No obstante, el legislador advirtió luego que continuaría adelante con la legislación y dijo que estaba dispuesto a retar a la JSF en los tribunales.

Ortiz Miranda argumentó que la Junta de Retiro cumplió con su deber ministerial de estimar el costo de implementar la medida y la cantidad de empleados que podrían beneficiarse. Precisó que podría haber 2,209 empleados elegibles, a un costo de $252 millones.

“Sabemos que si la persona renuncia o se acoge a la oportunidad de retiro temprano, pues el gobierno tiene que hacer un reclutamiento, y ahí es donde está el problema, porque realmente la medida trae ahorro, sin duda alguna. A través de la vida, (con) una expectativa de años de 83, que es la que estamos considerando, el último pensionado elegible de las 2,209 personas que dije se retira en el 2064″, expresó.

Aunque la Ley 80 fue aprobada en 2020, la JSF pidió y logró su anulación ante el Tribunal Federal. El gobierno pudo usarla, en 2024, para poco más de 1,000 empleados tras una negociación con la JSF.

En días recientes, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo, dijo que la administración de Jenniffer González no avalaría la medida de Matías por razones fiscales.

“Se dio a conocer, hace varias semanas, que la postura es que no se apoya el proyecto en virtud de que es contrario a la ley Promesa y al plan fiscal”, enfatizó Ortiz Miranda.