La gobernadora Jenniffer González insistió este jueves en que, bajo su administración, no han mediado presiones a los nominados a la jefatura del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) ni irregularidades en la concesión de contratos, como han asegurado fuentes de El Nuevo Día, y exhortó a cualquiera que tenga pruebas, a presentar una denuncia formal.

Al mismo tiempo, reiteró que su plan para mejorar el desempeño de PRITS es consolidarlo bajo la estructura de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“No tengo ningún señalamiento. No tengo ningún cuestionamiento“, sostuvo la mandataria cuando se le preguntó por las supuestas presiones a las que han sido sometidos los nominados de PRITS, según fuentes, relacionadas con el manejo de contratos en la agencia.

Durante los primeros nueve meses de este cuatrienio, PRITS ha tenido tres designados a la dirección ejecutiva, Antonio Ramos Guardiola, Luis Javier Rodríguez Vega y Martín Jiménez Morales, y sus nominaciones han sido retiradas del Senado sin que se les diera consideración.

Tras el retiro de su tercer nominado, Jiménez Morales, surgieron denuncias de que los constantes cambios en la jefatura obedecen a que los nominados han mostrado reservas u oposición a ciertos contratos, el más reciente, el de la empresa XUVO Technologies con el Departamento de Salud para el manejo de su plataforma digital.

La misma compañía mantiene un contrato con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, desde 2019, sin que la agencia aún haya recibido el servicio para establecer una plataforma de transacciones, confirmó recientemente el secretario Waldemar Quiles. El contrato se modificó ante señalamientos de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG).

“Si aquí hay una imputación sobre, y no solamente contra esta compañía, sino contra cualquier compañía, de no prestación de servicios, tiene que haber una radicación de querellas, así que yo emplazo al que sea..., a los pasados directores, a los jefes de agencia, a que sometan las querellas y las investigaciones, y se cancelan” los contratos, manifestó la gobernadora.

“Me es indiferente qué compañía va a dar ese servicio. Por lo tanto, si hay un jefe de agencia que tenga problemas (con el contrato), pues puede inmediatamente cancelar”, enfatizó.

Insistió en que retiró el nombramiento de Jiménez Morales porque el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le había expresado que tenía reservas.

“En verano, tenía reservas con el mismo, y se nos pidió, obviamente que había reservas y yo no voy a mancharle reputación a ningún funcionario que ha estado disponible”, indicó la mandataria, quien dijo, sin embargo, que no interesa convertir el asunto en una “controversia pública”.

Minutos después, el líder senatorial publicó, a través de la red social X, unas expresiones en las que censuró las declaraciones de la gobernadora.

“En el Senado de Puerto Rico, no jugamos, no mentimos y, mucho menos, manchamos reputaciones. Cuando decimos que procederemos, ¡lo hacemos! No tenemos incongruencias entre lo que decimos y hacemos. Siempre actuamos sin temores, sin excusas, de frente y ¡como tiene que ser!“, expresó Rivera Schatz.

La gobernadora, de igual forma, defendió su determinación de regresar PRITS –creada como un ente independiente mediante la Ley 75 del 2019– a la OGP.

“Nosotros vamos a devolver esa división a donde estaba antes, que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que le permite mayor agilidad, que reduce el tamaño del gobierno, me reduce también los gastos, porque tener una oficina de gobierno separada también conlleva gastos adicionales. Así que nosotros vamos a estar radicando legislación para que esa oficina vuelva a estar donde tenía agilidad, donde se veía inmediatamente la utilización de la más alta tecnología a través de la OGP”, manifestó.

Respecto a los comentarios de la contralora Yesmín Valdivieso, en entrevista con El Nuevo Día, en torno a que PRITS no debía regresar a la OGP porque comprometería el poder fiscalizador que hoy tiene respecto a los contratos de tecnología e informática, González afirmó: “La política pública no la dicta la contralora”.

“Si la contralora quiere correr para senadora, para representante... para hacer política pública, puede así hacerlo. Sin embargo, no es quien dictamina esa política pública”, puntualizó.