Tras enviar este martes el aviso formal de cancelación de contrato a Physician Correctional y abrir nuevas convocatorias en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el secretario Francisco Quiñones Rivera aseguró que ya hay varios proveedores interesados en sustituir a la empresa que brinda los servicios de salud a la población penal desde 2018.

Una fuente de El Nuevo Día indicó, por separado, que, a partir de la convocatoria de 2018, en la que hubo ocho proponentes, en esta ocasión, podría haber, al menos, “cinco compañías iniciales”, incluyendo de Estados Unidos. A la última convocatoria, en 2023, solo se presentó Physician Correctional.

“Hay la posibilidad de que Physician compita en alianza con alguien que sea el nombre o la cara y que ellos (Physician) sean socios. Eso va a depender del comité de evaluación”, dijo el informante.

Por su parte, Quiñones Rivera precisó que la carta con el aviso de cancelación se entregó personalmente a las 9:00 a.m., luego que una auditoría del DCR señalara “incumplimiento contractual”, del que no ofreció detalles.

“El resultado de una auditoría, que no se limita al caso de Hermes Ávila Vázquez, es que hay incumplimiento contractual. Ese fue el detalle que le informamos (a Physician Correctional) en la comunicación”, añadió el titular.

Desde el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega a manos de Ávila Vázquez, quien fue dejado en libertad mediante un pase de salud al fingir que no caminaba y ser “evaluado” por un panel médico de Physician Correctional, diversas voces han exigido la cancelación del contrato con la empresa. Tan pronto llegó al cargo en enero, Quiñones Rivera ordenó una investigación “minuciosa” del contrato.

En el aviso de cancelación –de tres páginas y que el DCR no compartió con este medio por razones de confidencialidad–, la agencia notificó el alegado incumplimiento contractual para, “una vez tengamos un nuevo suplidor”, rescindir el contrato, vigente hasta septiembre de 2028.

“Una vez tengamos esos proveedores, si ocurre en 30 días, que será el camino más corto, estaríamos reemplazándolos y cancelando su contrato. Si nos toma más tiempo, ellos permanecerán hasta tanto podamos traer un nuevo suplidor”, sostuvo el secretario.

El portavoz de Physician Correctional, José Cruz, confirmó que la División Legal de la empresa recibió la carta de “cancelación y apertura de un proceso evaluativo para que otra empresa lleve a cabo los trabajos”. Además, explicó que la compañía trabaja en un análisis legal para comentar la determinación del DCR.

“Buscaremos que el proponente o los proponentes, más allá del papel, realmente tengan la capacidad de manejar una población de más de 7,000 personas. Sabemos que hay personas interesadas, y siempre les hemos dicho que estén pendientes a los avisos públicos”, comentó, en tanto, Quiñones Rivera.

Ante la posibilidad de que Physician Correctional compita en alianza o como socio de otra empresa, aseguró que el trámite de selección será “riguroso” y se asegurarán de “mirar quiénes son las personas detrás de cualquier nombre, pero siempre buscando mejorar los servicios de la población correccional”. Afirmó, a su vez, que esta “última etapa” de la cancelación contractual se hará con “mucha suspicacia”.

Temprano este martes, el DCR publicó cuatro avisos para contratar, por separado, servicios de salud física y mental para la población de adultos y para las instituciones juveniles.

“Fue una decisión que tomé porque, por un lado, tenemos una población de 7,380 confinados, pero, de esos, 88 son de instituciones juveniles, y pensé que puede haber alguna compañía que atienda a esa población reducida en el área sur específicamente, que es donde están nuestras instituciones. Eso puede abrir la puerta a grupos pequeños que pudieran dar una atención espectacular a esa población”, detalló Quiñones Rivera.

Correcctional Health Services fungió como proveedor del DCR hasta el 2018, cuando Physician Correctional entró al sistema, por cinco años, a un costo de $56.8 millones. En 2023, renovó su contrato, que entonces sumó $73.7 millones y consolidó otras funciones iniciadas en 2020, como los servicios a instituciones juveniles y los programas de desvío.

A juicio del exsenador José Vargas Vidot, uno de los principales fiscalizadores de Physician Correctional tras los casos de Shannel Colón Ponce –quien falleció sin recibir servicios aptos de salud mental mientras estaba sumariada, en 2022– y Ávila Vázquez, la decisión de Quiñones Rivera fue la correcta. Por ambos casos, el DCR enfrenta demandas millonarias.

“Lo tomo con alegría y, al mismo tiempo, con escepticismo. El secretario del DCR ha mostrado seriedad y ser bastante prudente con las decisiones que toma y se ha atrevido a entrar a los lugares donde no se entraba. Sin embargo, mi escepticismo viene por la maquinaria que hay detrás”, opinó el salubrista.

En caso de no lograr dar con un sustituto, recomendó hacer “contratos transicionales”, en los cuales se vaya negociando con el Tribunal Federal, que impuso un privatizador tras el caso Morales Feliciano para dar estos servicios a la población correccional.

“Los señalamientos (de Physician Correctional) son contundentes, abundantes y robustos sobre la ineficacia en lo más básico, que es el contrato. ¿Cómo olvidarse de eso?”, señaló, ante la posibilidad de que la empresa permanezca.

Vargas Vidot coincidió, por último, en la determinación de dividir los servicios en cuatro contratos para darles la oportunidad a nuevas compañías más pequeñas a someter propuestas, para evitar que los servicios “sigan siendo un monopolio”.