Tal como está redactado actualmente, es “muy difícil” que la gobernadora Jenniffer González estampe su firma y convierta en ley el Proyecto de la Cámara (PC) 420, que eliminaría el impuesto al inventario a partir del año contributivo 2028, reconoció este martes la propia mandataria.

“En este momento, yo quisiera firmarlo, pero, como está el proyecto, es muy difícil tomar una decisión”, respondió la primera ejecutiva, cuando se le preguntó si estaba inclinada a vetar la medida.

Señaló, de paso, los 78 alcaldes están pidiéndoles a los presidentes legislativos que retomen el proyecto, que está ante la consideración de La Fortaleza, para que puedan introducírsele cambios.

Los presidentes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, ya han dicho que no solicitarán la devolución del proyecto, por entender que es un asunto finiquitado. La gobernadora tiene 10 días laborables para aprobarlo o vetarlo. De no actuar al cabo de ese plazo, queda aprobado. Los 10 días se cumplen este próximo jueves, 30 de octubre.

“Tenemos una limitación de tiempo, porque ese proyecto lo tengo que atender antes del jueves. Así que eso, literalmente, le quita oportunidades a ver una medida, como esta, de ser aprobada”, dijo González.

Si el proyecto se queda como está, ¿es un lenguaje aceptado por La Fortaleza?, se le cuestionó.

“No. Por eso, estamos buscando que esto se pueda arreglar”, respondió la mandataria.

“Es una situación bien difícil. Tengo que ser bien directa con ustedes. Porque la plataforma de gobierno que nosotros radicamos y aprobamos por unanimidad con el endoso de los legisladores, de los alcaldes de nuestro Partido (Nuevo Progresista, PNP), por unanimidad, era establecer una congelación al impuesto alimentario por cinco años y su sustitución”, abundó.

González destacó que debía ser responsable en buscar un sustituto al impuesto al inventario antes de eliminarlo, ya que anualmente representa $314 millones en recaudos para los municipios, que son usados para el pago de deuda de los propios ayuntamientos y el gobierno central y servicios al pueblo.

“El problema es la celeridad con la que lo tienes que conseguir (el dinero). Uno, la medida no identifica de dónde se van a repagar. Así que estaríamos aprobando algo sin una fuente de restitución. Primero, la ley de municipios (Código Municipal) no permite que tú le quites una responsabilidad, o le des una responsabilidad, sin identificar de dónde. Segundo, estamos hablando de mucho dinero que puede... desvestimos este santo y, al final del camino, el pueblo de Puerto Rico lo tiene que pagar también. Así que hay que hacerlo bien”, sentenció.