La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, defendió este miércoles los cambios incorporados al “Reglamento para el licenciamiento y supervisión de establecimientos para el cuidado de adultos mayores” y rechazó que resten facultades la Oficina del Procurador para las Personas de Edad Avanzada (Oppea), como denunció la jefa de esa dependencia, Yolanda Varela Rosa.

Según Roig Fuertes, la nueva versión del reglamento eliminó el inciso original que establecía que la Oppea podía visitar hogares de cuido, con o sin previo aviso, para fiscalizar el trato de los pacientes, pues la intención era simplificar el documento.

“Ahora, es con multas; es un reglamento más fortalecido, que nos da más herramientas para la atención de los hogares”, dijo, en una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada del director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, y el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno, Arnaldo Ortiz.

“Lo importante es que (la Oppea) tiene las facultades en ley; ella (Varela Rosa) las continúa teniendo y nosotros (Familia) las continuamos reconociendo. Indistintamente a un reglamento interno de regular los hogares, las facultades de ella, como procuradora, están por encima de ese reglamento”, agregó, en alusión a las disposiciones de la Ley 76-2013.

Roig Fuertes aseguró que no tiene problemas con las labores de Varela Rosa, y reiteró la necesidad de que ambas dependencias trabajen de la mano.

“Entendía que lo estábamos haciendo y creo que lo vamos a seguir haciendo. No creo que un malentendido deba llevar a una resolución de dejar seguir trabajando, porque las dos tenemos los mismos intereses”, anotó.

El martes, mientras discutía el caso de una anciana presuntamente maltratada en un hogar de Las Piedras, Varela Rosa dijo, en entrevista radial (Magic FM), que el nuevo reglamento quitó poderes de fiscalización a la Oppea, que, además, opera ahora con menos presupuesto.

Sobre esto último, Rivera Berríos sostuvo que a la Oppea no se le redujo el presupuesto $600,000, como arguyó la procuradora, sino que, incluso, se le aumentó para el año fiscal recién iniciado, de $3.809 millones a $3.822 millones.

“Por tanto, las cifras presupuestarias disponibles no sustentan que la Oppea haya perdido casi $2 millones como consecuencia de una reducción en la aportación estatal”, añadió.

Varela Rosa había dicho que la merma presupuestaria del Fondo General redundaría en menos dinero por el pareo de fondos federales, que se traducen a cerca de $2 millones destinados a proveer comida para adultos mayores en diversos pueblos.

La Oppea quedó en enviar declaraciones a El Nuevo Día, pero no se recibieron.

Cuestionada sobre el caso de la adulta mayor presuntamente maltratada en el Hogar Casa Dorada, en Las Piedras, Roig Fuertes lamentó el suceso, pero aseguró que fue un caso aislado.

“En cuanto advinimos conocimiento de lo ocurrido, reunimos a todo el equipo porque vamos a tener reuniones con los proveedores de servicio, porque nos hemos enfocado en el personal de licenciamiento, nos enfocamos en las visitas, en las autoridades de investigación de maltrato institucionales, pero es importante también escuchar los proveedores de servicio”, dijo.

De acuerdo con la secretaria, aunque hubo varias querellas en contra del hogar, no tenían fundamentos para justificar su cierre.

“Hubo dos (en las) que sí se encontraron con fundamentos y que llevaron a la determinación del cierre del hogar”, indicó, al reconocer, no obstante, que, al momento de los hechos el pasado domingo, estaba abierto pues, “como parte del proceso de investigación, se establecieron planes de acción y planes de seguridad”.

“Ninguna de las querellas estaban relacionadas al evento que lleva al cierre inmediato, ni implicaban elementos de riesgo inminente”, agregó.

Según números provistos por Familia, en 2025 se cerraron 14 centros de cuido, mientras que, este año, hasta junio, han cerrado 17.