Mientras se discute el caso de una anciana presuntamente maltratada en un hogar de Las Piedras, la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela Rosa, compartió este martes evidencia de los comentarios que sometió, hace casi un año, al Departamento de la Familia advirtiendo sobre la pérdida de poderes de fiscalización en su dependencia, refutando versiones de La Fortaleza de que tal menoscabo no había ocurrido.

El intercambio es el más reciente ejemplo de las diferencias persistentes entre funcionarios, incluso al más alto nivel, de la administración de Jenniffer González.

En una carta con fecha del 8 de agosto de 2025, cursada a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, Varela Rosa cuestionó por qué se eliminó del “Reglamento para el Licenciamiento y Supervisión de Establecimientos para el Cuidado de Personas de Edad Avanzada” un artículo que facultaba a la Oficina del Procurador para las Personas de Edad Avanzada (Oppea) a visitar, con o sin cita, estos espacios y someter información de esa gestión en caso de requerirse eliminación de licencias.

Según la procuradora, la Oppea debía mantener sus facultades al amparo de su ley orgánica (Ley 76-2013) y el “Older American Act”, un estatuto federal. Sus recomendaciones no fueron incorporadas al reglamento.

Varela Rosa no estuvo disponible para entrevista con El Nuevo Día.

Pero, más temprano este martes, en entrevista radial (Magic FM) para discutir el caso de la anciana presuntamente maltratada en el hogar Casa Dorada, en Las Piedras, denunció que a la Oppea se le quitaron poderes de fiscalización, luego que Familia modificara el citado reglamento.

“Ella (Roig Fuertes) me saca del reglamento como procuradora... Me quita poderes, lo aprueba sin mi consentimiento. Yo me opuse, pero, aun así, lo aprueban”, dijo en la entrevista, en la que reveló, sin entrar en detalles, que la Oppea multó dos veces a Familia.

Confrontado poco después con estas expresiones durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, rechazó que Familia le hubiera quitado poderes a la Oppea.

“El Departamento de la Familia no es quien enmienda las leyes en Puerto Rico. La Procuraduría tiene una ley orgánica, y las leyes orgánicas las enmienda la Asamblea Legislativa”, dijo.

En radio, Varela Rosa expresó que la Oppea también enfrenta una reducción presupuestaria de, al menos, $600,000, que se traducen en un monto mayor, pues reciben fondos federales a base de lo que el gobierno estatal les da. “Pierdo casi dos millones (de dólares)”, estimó.

El dinero que falta, según la procuradora, era utilizado para pagar la comida de 110 centros a través de Puerto Rico que dan alimentación gratuita a adultos mayores.

Al respecto, Peña Payano apuntó que se trata de asuntos internos. “Si habría que hacer alguna evaluación presupuestaria, se tiene que plantear en ese proceso (legislativo)”, sostuvo.

Sobre el hogar Casa Dorada –que perdió su licencia tras los hechos de maltrato del domingo–, Varela Rosa mencionó que tenía una denuncia en su contra, que llevó a un hallazgo de explotación financiera por parte de uno de los cuidadores contra uno de los pacientes, en febrero pasado, pero no terminó en una querella criminal luego que el empleado involucrado devolviera el dinero. La procuradora dijo desconocer si el implicado trabajaba todavía allí.

Mediante comunicado de prensa, Familia reaccionó diciendo que, durante la incumbencia de Roig Fuertes, “no se ha recibido ninguna querella que haya resultado en multas o sanciones administrativas” contra Casa Dorada, y que “la única querella relacionada” fue recibida, en 2024, sobre un asunto administrativo.

“Una vez comenzó esta administración, el Departamento de la Familia atendió la situación conforme a los procesos establecidos. Como resultado de la evaluación realizada, el 22 de septiembre de 2025, se emitió la correspondiente resolución y orden administrativa para atender los hallazgos identificados”, leen las expresiones de Familia.

Agregan que, en diciembre de 2025, la Oppea remitió a Familia un informe de cierre del caso, “dando por concluido el proceso relacionado con dicha querella”.

En otra entrevista radial (WKAQ), Roig Fuertes estableció que no existían criterios para llevar al hogar al tribunal y que se removió a los adultos mayores bajo la tutela de Familia, pero que se quedaron dos personas que costeaban su cuidado con fondos privados. A sus familiares, añadió, se les orientó para que hicieran arreglos para removerlas.

A juicio de Varela Rosa, Familia debió sacar a todos los adultos mayores del hogar cuando removió a los 17 bajo su tutela, reconociendo, sin embargo, que la agencia no tenía jurisdicción total.

El domingo, la Policía arrestó al cuidador que, presuntamente, sometió a una anciana, de 86 años, a un “ritual” para que pudiera “morir en paz y así tener espacio para nuevos pacientes”. Luego, el hombre fue ingresado en una institución psiquiátrica, mientras las autoridades determinan si radicarán cargos en su contra.