Tras una reunión en la que el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones, se comprometió a identificar los $33 millones para pagar el aumento salarial de los guardias correccionales, se espera que los oficiales comiencen a reportarse nuevamente a sus puestos de trabajo en las prisiones.

Así lo informó la presidenta de la Alianza Correccional Unida (ACU), Jessica Martínez, quien estimó que el ausentismo masivo que se ha suscitado en los pasados días estaría finalizando entre lunes y martes de la próxima semana.

“Ayer (viernes) se le notificó la matricula que fueran asistiendo a sus turnos de trabajo. Les explicamos el compromiso del secretario y aparentemente de la gobernadora y recibimos un buen ‘feedback’”, expresó Martínez, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

La líder sindical, sin embargo, alertó que la situación del ausentismo continuaría crítica durante el fin de semana, pues la mayoría de las unidades que estaban cubriendo las labores de los oficiales que se ausentaron tienen sábados y domingos libres.

“La asistencia hoy está prácticamente igual que lo que estuvo ayer. Hay un poquito más de oficiales que se presentaron, pero los oficiales que tenían libre no fueron a trabajar”, indicó la presidenta de la ACU, quien destacó que hay trabajadores con certificados médicos para ausentarse, por el agotamiento físico que conlleva doblar turnos y constantemente trabajar horas extras.

En los pasados días, el ausentismo ha rondado el 80%. Las ausencias de los oficiales ocurrieron como protesta en reclamo de que se otorgue el aumento de $746.67 que establece la Ley 91-2022 para todos los oficiales correccionales activos clasificados como empleados de carrera. Asimismo, exigen el pago de horas extra y la entrega de uniformes.

Por su parte, el secretario Quiñones confirmó que gestionará el pago, pero alertó de “retos fiscales”.

“El tema principal abordado (en la reunión) fue el reclamo que la ACU ha mantenido desde el 2022 respecto al pago de los $746.67 mensuales expresados en la Ley 91-2022. Durante el encuentro, me comprometí a gestionar este pago prospectivamente, reconociendo los retos fiscales que representa, particularmente ante la Junta de Supervisión Fiscal”, expresó el jefe del DCR, al tiempo que espera que, con lo acordado, confía en que “los niveles de asistencia comenzarán a aumentar”.

Respecto al compromiso del secretario, Martínez indicó que no se había dado antes y que esperan que, entre noviembre y diciembre, ya el aumento de $746.67 esté reflejado en la compensación de los oficiales correccionales. De lo contrario, estima que eventos de ausentismo masivos serían “peor de lo que pasó ahora”.

Si bien están satisfechos con el compromiso de prospectivamente recibir el pago del aumento, aún la unión está en un caso en la Comisión Apelativa del Servicio Público para que también se les pague el aumento de forma retroactiva. Al momento, cubrir esa deuda con los empleados representaría un impacto de $102 millones, que podría aumentar mientras más demore hacerse efectivo el incremento salarial.

Sobre el asunto, Quiñones expresó, por escrito: “El llamado retroactivo sería atendido por el foro ante el cual la ACU elevó su reclamo, sin descartar la posibilidad de abrir un diálogo sobre el particular”.