Al recalcar que la reforma contributiva impulsada por la gobernadora Jenniffer González debe aprobarse en la presente sesión legislativa, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, indicó este jueves que el próximo paso en esa dirección será discutir “distintos escenarios” con el liderato senatorial y cameral, y adelantó que los individuos serían los más beneficiados con el proyecto.

“Esa es la intención. Hemos estado discutiendo distintos escenarios con la gobernadora. Me parece que lo que procede ahora es una conversación con el liderato legislativo, de manera que, una vez se presente el proceso legislativo, sea lo más ligero posible, considerando, pues, que ya estamos próximos a culminar la sesión. Pero, entiendo que esa conversación se debe dar en los próximos días. Sí, hemos estado en conversación directa con la gobernadora sobre distintos escenarios a presentar”, dijo Pantoja Rodríguez, a preguntas de El Nuevo Día, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Cuestionado sobre el contenido de la propuesta reforma contributiva, sostuvo que, fiel a la promesa de campaña del Partido Nuevo Progresista, se busca dar un alivio a los individuos.

“Ciertamente, es bien específico en cuanto a los objetivos del programa de gobierno, que es reducir la carga contributiva a los contribuyentes, en este caso, particularmente, en el caso de los individuos. (…) Las tasas y las escalas contributivas de los individuos no se revisitan de hace más de una década, y eso es algo que el Comité de Reforma Contributiva (creado por la gobernadora) ha estado bien enfocado en simular distintos escenarios de ver de qué manera se les puede otorgar ese alivio contributivo a los contribuyentes”, dijo.

Respecto a la participación, si alguna, de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en este proceso, Pantoja Rodríguez comentó que han “intercambiado impresiones” sobre los modelos discutidos.

“Ellos (JSF) han presentado sus comentarios y sus insumos respecto al sistema contributivo de Puerto Rico, pero, al final del día, la determinación recae sobre la gobernadora y las conversaciones que se tengan con el liderato legislativo”, añadió.

Hasta mediados de septiembre, la gobernadora había presentado 14 medidas para consideración de la Legislatura, en anticipo a su prometida reforma contributiva, que quedó pendiente en la pasada sesión. Siete de las medidas ya son ley.

De otra parte, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Berríos Rivera, anunció que, desde que se aprobó el presupuesto de este año fiscal –que comenzó el 1 de julio–, se han realizado 25 reprogramaciones, “para un total de $180.4 millones, y se han transferido alrededor de $356 millones a 20 entidades gubernamentales para atender distintas iniciativas del programa de gobierno”.

“Es un proceso normal que ocurre en cualquier presupuesto de cualquier país. La planificación presupuestaria inicia alrededor de ocho meses antes de comenzar un presupuesto, y tenemos un reto de que ya la Junta me está diciendo en dónde y en qué partida se va a asignar ese presupuesto y el ‘target’ (objetivo) inicial de ese presupuesto”, expuso.

“Estas reprogramaciones lo que nos dicen es que, desde un inicio, donde la Junta nos está diciendo dónde vamos a gastar, pues, no cumple con la necesidad real cuando empieza la ejecución del presupuesto de esta agencia”, agregó.

Berríos Rivera precisó que el Departamento de Educación es de las agencias que más reprogramaciones presupuestarias ha requerido.

“Estamos hablando del Departamento de Educación, que son $136 millones para el programa de escuelas de la comunidad, programas de servicios integrales para personas con impedimentos y contratación parcial de empleados. El Departamento de Hacienda solicitó una reprogramación para reconocer unos $14.6 millones de los ingresos de arbitrio de ron, y transferencia al Departamento de Desarrollo Económico (y Comercio) con ingresos del Código de Incentivos. En el Negociado de la Policía, se realizó una reprogramación de $5 millones para la compra de equipos y mantenimiento de la flota vehicular”, destacó.

Compartió, además, que debió hacer reprogramaciones de “cuantías tan insignificantes, como de $2,000 y $16,000, que también requieren que vayan ante la Junta”.

Reveló, en esa línea, que están solicitándole a la JSF que les permita hacer reprogramaciones sin su aval, cuando se trata de cantidades pequeñas.

“Esto conlleva una burocracia totalmente excesiva, así que esperamos que los controles que hemos implementado desde la OGP, donde tenemos una visibilidad de la utilización del presupuesto, la Junta acceda a que estas reprogramaciones solamente sean evaluadas por la OGP y nosotros notificarles a ellos”, expresó Berríos Rivera.