Aguadilla - El secretario de Salud, Víctor Ramos, evitó responder este martes si acogerá o no la “recomendación” de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que abra un proceso competitivo para seleccionar, a base del mérito, a la compañía que obtendría el contrato que hoy ostenta XUVO Technologies para manejar la plataforma digital mediante la cual se realizan trámites como la solicitud de licencias y certificaciones en la agencia.

“Se está analizando hacer un proceso versus lo que ya tenemos montado, y está corriendo y está corriendo perfectamente bien”, afirmó el funcionario a preguntas de El Nuevo Día, al defender nuevamente la selección de la empresa tecnológica. Aclaró que por “proceso” se refería a una “subasta”.

Ramos dejó claro que aún evalúa qué hará con los comentarios de la JSF, que sugirió el proceso competitivo, tras señalar que la ausencia de este en la selección de XUVO violenta los principios del plan fiscal y la ley Promesa.

“No tenemos una fecha (para tomar una decisión)”, sostuvo Ramos. No obstante, en su carta con fecha del 10 de octubre, la JSF le concedió 90 días para que realizara el proceso competitivo de selección.

De 37 juntas de licenciamiento que deben ser manejadas en la plataforma de Salud, Ramos dijo que le resta montar 36 y, por ende, los procesos se están haciendo “a mano” por el momento.

En mayo, sin que mediara subasta u otro proceso competitivo, Ramos concedió un contrato a XUVO Technologies por un valor nominal de $5 para, a través de una plataforma digital, emitir certificados, licencias y otros servicios del Departamento de Salud. Las ganancias de la empresa se basan en los cargos que cobran a los usuarios por cada transacción.

La JSF determinó examinar el contrato, con duración hasta el 30 de junio de 2030, porque no le fue notificado y por entender que las transacciones a realizarse suponían un monto que requería su intervención.

De acuerdo con Promesa, todo contrato mayor a $10 millones debe ser avalado por la Junta antes de ser otorgado, pero, en su evaluación, el organismo fiscal estimó que el valor del contrato con XUVO asciende a $7.5 millones, a base de la información sometida por Salud.

“Ellos nos pidieron cuánto se había recaudado los primeros meses del programa, y de ahí ellos extrapolaron el número de $7.5 millones. Eso no fue algo que hizo Salud”, dijo Ramos.

Varias fuentes han señalado que el contrato fue el motivo principal que provocó la renuncia o el retiro de los nombramientos de directivos de Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), ente gubernamental que debe avalar todo contrato sobre tecnología en el gobierno. Al momento, PRITS permanece sin director en propiedad, y la Oficina del Inspector General (OIG) examina el contrato luego que, previamente, detectara irregularidades en los acuerdos otorgados por el Departamento de Estado y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a XUVO Technologies.

De otra parte, Ramos insistió en que no fue impropio haber evaluado físicamente a Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, la adolescente de 18 años imputada del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito

“Tengo claro que los abogados de defensa tienen que hacer su trabajo. Ya se habló con la secretaria de Justicia, (Lourdes Gómez), ya tiene claro qué es lo que se hizo, que es quien representa al gobierno en este tipo de casos”, manifestó.

Reiteró que, antes de su evaluación, dialogó con cinco pediatras y ninguno quiso examinar a la menor. “Ninguno quería”, insistió.

Avilés Cabrera fue encontrada procesable, aunque previamente se había informado lo contrario.