El secretario de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, defendió este viernes el análisis legal que hizo la agencia para entregar, en tres días, los datos de 6,321 inmigrantes con licencias de conducir provisionales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para sus redadas a nivel isla.

“La división legal hizo el análisis. La información se sacó inmediatamente. Eso es un ‘query’ (consulta) que se hace en el sistema David+. Se podía entregar básicamente el mismo día. Pero se hizo una evaluación. Se miraron los datos. Nosotros no podemos estar mirando qué subpoena se contesta y cuál no se contesta”, respondió el ingeniero a El Nuevo Día al cuestionar el poco tiempo para analizar el requerimiento administrativo que presentó ICE el 26 de enero.

“No estamos hablando de una carta, no estamos hablando de un email. No se entregó voluntariamente. Esto fue un subpoena debidamente sometido en ley. Se contestó la información”, recalcó al sostener que no renunciará al cargo.

Tras prevalecer en todos los foros judiciales, el capítulo en Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) logró obtener el documento que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) se negó a divulgar a la prensa y a la entidad tras conocerse que ICE había pedido los datos personales -incluidos dirección, números de telefóno, emails- de inmigrantes con licencias de conducir.

De acuerdo con la petición de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) bajo el ICE, la solicitud se realizó la mañana del 26 de enero de 2025, el domingo en que se registró la primera redada bajo la segunda administración de Donald Trump en Puerto Rico. La agencia federal dio hasta el 7 de febrero para responder al DTOP y le advirtió de que no divulgara la existencia del requerimiento por un “periodo indefinido”.

Sin embargo, el mismo documento reconoce que la agencia procedería a ir al Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico si no se compartía la información solicitada, a lo que, según la ACLU, debió esperar el gobierno local como han hecho otras jurisdicciones.

“En ningún momento estamos colaborando con la agencia en estos temas (migratorios)”, dijo González Montalvo, quien no pudo responder si ha habido una merma en las solicitudes de licencias de este tipo.

El Nuevo Día lleva desde el 29 de septiembre esperando que el DTOP responda cuántas licencias hay a la fecha bajo la ley Ley 97-2013, que permitió a miles de inmigrantes sin estatus migratorio regularizado obtnerlas.

Ante el miedo de que compartan sus datos, muchos inmigrantes sin estatus regularizado han optado por no renovar sus licencias, advirtió ayer, jueves, la ACLU de Puerto Rico.

Ante este escenario de inseguridad vial, el secretario del DTOP exhortó a los inmigrantes a continuar sacando “sus licencias para llegar a sus destinos” bajo la Ley 97. “Ahora, tenemos la ALPR (lectores de tablillas) de los policías que detectan si una persona no tiene marbete o no cumple con la ley”, sostuvo.

La gobernadora Jenniffer González, por su parte, insistió en defender la validez del subpoena administrativo para entregar los datos a pesar de las disposiciones de la Ley 97, que obliga a un mecanismo en el DTOP para proteger los datos de los inmigrantes.

“Cuando tú tienes un documento de una agencia federal que es un subpoena, que es un requerimiento de información bajo el catálogo de subpoena, es una ‘orden judicial’, nosotros estamos compelidos (a entregar), como agencia que custodia ‘data’ (sic) del gobierno federal. Puerto Rico es custodio de esa ‘data’ (sic) por virtud del Departamento de Transportación federal. Por lo tanto, nosotros recibimos fondos federales y los podemos perder en cualquier momento. El gobierno federal puede decirme: ‘No te voy a dar fondos federales porque me está restringiendo acceso a la información que es nuestra’”, argumentó la mandataria.

Un subpoena administrativo de ICE es un documento emitido y firmado por un oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o de ICE, a menudo con el formulario DHS Form I-138 como parte de una investigación civil o criminal de inmigración.

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración establece que este documento “no lo firma un juez”. Para obligar a su cumplimiento, ICE o el gobierno debe acudir ante un tribunal federal de distrito y solicitar una orden judicial.