La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico reveló este jueves que los datos entregados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no fue en respuesta a un subpoena -requerimiento judicial-, sino a una carta para requerir información personal de inmigrantes con licencias de conducir provisionales.

La entrega de datos del DTOP, en enero de 2025, afectó a 6,321 inmigrantes, precisó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico, después que lograran obtener los datos presentados a ICE tras una batalla judicial que llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Nos entregó un documento administrativo, donde hacen una solicitud para producir archivos: las licencias de conducir, las licencias de aprendizaje, incluyendo cualquier tipo de identificación aun no fuera de conducir... Que se produjera la fecha de cuándo se entregaron, el nombre completo, su fecha de nacimiento, ciudadanía, número de pasaporte, dirección completa, email, número de teléfono”, abundó la directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.

A los tres días de recibir el documento de ICE, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, entregó los datos, dijo Arraiza Navas.

“Este documento era público desde el primer día. Lo que nos parece crítico es que el gobierno de Puerto Rico, a través de la mandataria (Jenniffer González), le dijo, días antes que esta solicitud la hiciera la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ella dijo que la comunidad migrante debía estar tranquila”, sostuvo Martínez Orabona.

“Fueron 73 páginas de bloques negros”, detalló sobre el documento tachado que entregó el DTOP a la ACLU ayer, miércoles.

“Pudimos confirmar lo que ya habíamos denunciado al país, que el gobierno de Puerto Rico es cómplice de las políticas discriminatorias e ilegales del gobierno de Trump. No ha habido la más mínima prohibición para que no se permita la persecución de nuestros hermanos migrantes”, señaló la directora de la organización.

Pese a que el secretario del DTOP negó a este diario, en febrero de 2025, que colaboraran con agencias federales en sus pesquisas de inmigración, El Nuevo Día fue el primero en confirmar que la agencia estatal había entregado los datos de miles de licencias de inmigrantes, incluidas personas en procesos para regularizar sus estatus migratorio.

En los pasados cinco años, más de 5,000 inmigrantes sin estatus definido en Puerto Rico han solicitado la licencia de conducir, un beneficio que los extranjeros lograron, en 2013, bajo la Ley 97, firmada por el entonces gobernador, Alejandro García Padilla.

“El secretario del DTOP fue incapaz de proteger a nuestra gente. El mandato de confidencialidad recaía bajo sus hombros. El secretario, como mínimo, debe renunciar a su puesto”, denunció Martínez Orabona.

La Ley 97-2013 permitió a miles de inmigrantes sin estatus regular sacar su licencia de conducir y ordena al DTOP establecer “los mecanismos administrativos necesarios para que este registro no pueda ser usado para discriminar contra las personas que posean una licencia de conducir provisional o se divulgue la información de estas”.

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