Pese a que, en medio de las imputaciones en su contra por supuestas presiones indebidas, la continua defensa de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, es que no hubo formalización de contratos ni erogación de fondos públicos, esto no implica que no pudieron haberse cometido infracciones a las leyes vigentes o violaciones a las prácticas de sana administración, opinaron tres profesionales entrevistados por El Nuevo Día.