Ponce - El jefe de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Juan Rosario Hernández, indicó este jueves que, pese a las disposiciones de los nuevos reglamentos propuestos por el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés) –como fijar un término límite de ocupación–, “todo va a permanecer como está” para los participantes de los programas de vivienda subsidiada en la isla.

Sostuvo, además, que todas las reglas formuladas “ya existen”, pues, desde que HUD se creó, la vivienda subsidiada se estableció como “un lugar de transición”.

“Esas reglas están desde la creación de la Administración de Vivienda Pública. Que haya sido política pública de las pasadas administraciones y de esta administración hacerle caso omiso a esas políticas, que no son impuestas… son políticas que nos dan la potestad, a la Administración, para nosotros acogerlas o no acogerlas”, dijo Rosario Hernández, quien instó a que los residentes de vivienda pública “no se sientan alarmados, no sientan incertidumbre”.

Reconoció, no obstante, que los reglamentos propuestos no son obligatorios, por el momento. “No sabemos cómo se aprueben, pero de momento, no son reglamentaciones obligatorias, son reglamentaciones que van a ser discrecionales”, indicó.

“Las instrucciones que nosotros tenemos, de nuestra señora gobernadora (Jenniffer González), es que todo va a permanecer como está”, subrayó el administrador.

Los reglamentos propuestos por HUD incluyen un requisito de trabajo de 40 horas semanales para ser elegible a los programas de vivienda subsidiada y pública. Además, establecen que cada administrador de vivienda o dueño puede establecer un término límite, no menor a dos años, para que las familias sean beneficiarias.

Otro de los reglamentos busca eliminar la asistencia prorrateada para las familias que tengan, por lo menos, un miembro del núcleo con un estatus migratorio irregular. También, se eliminaría la notificación de 30 días para desahucio en casos de impago, como era antes de la pandemia de COVID-19. El término de notificación podría ser tan corto como cinco días.

El jefe de Vivienda Pública mencionó que las personas que tienen la aptitud de trabajar deben hacerlo, pues “esa unidad la está viviendo una familia que, probablemente, tiene la capacidad para trabajar, está siendo idónea para 22,000 personas que tengo en lista de espera y sí necesitan ayuda”.

Las expresiones de Rosario Hernández se dieron al abrir los trabajos de la tercera vista pública sobre el plan anual de Vivienda Pública, que deben realizarse por reglamentación federal. En esta oportunidad, líderes de residenciales públicos en la zona sur llevaron las necesidades de sus comunidades para que se tomen en cuenta para incluirlas en el plan de la AVP para el año fiscal 2026-2027.

Durante el encuentro, se planteó la necesidad de reparaciones y mejoras en aspectos como pintura, ventanas, luminarias, rejas en balcones, al igual que los gabinetes de cocina, puertas de clóset, impermeabilización de techos, servicios educativos en bibliotecas y áreas recreativas para la niñez.