Al enmendar la demanda que mantiene por la adjudicación de un contrato de publicidad en el Departamento de Hacienda, la empresa Digimedia LLC alegó este miércoles que en el gobierno supuestamente existe un “patrón de corrupción” en la evaluación y concesión de contratos, y lo fundamentó con las presuntas presiones e intervenciones indebidas que han sido denunciadas en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

La enmienda hace constar las circunstancias que rodearon la renuncia de Sebastián Negrón Reichard a la secretaría del DDEC, luego que afirmara que había destituido al secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, y lo suspendiera sumariamente por presuntas irregularidades en la evaluación de un contrato, y señalara supuestas presiones e intervenciones indebidas, incluso desde La Fortaleza, para revertir sus decisiones.

“Los hechos anteriormente reseñados evidencian un patrón consistente de intervenciones indebidas, favoritismo, arbitrariedad y desviación de los procesos administrativos establecidos por ley, mediante el cual funcionarios gubernamentales han procurado alterar o influenciar procedimientos oficiales en perjuicio de Digimedia", indica la demanda enmendada luego de resumir la controversia que rodea al DDEC.

Digimedia, que desde 2019 ofrece servicios de publicidad a Hacienda para el Negociado de la Lotería de Puerto Rico, presentó una demanda el 17 de diciembre contra el Estado Libre Asociado y esa agencia, en la que pide se declare nulo y se deje sin efecto el contrato concedido a la firma Veintinueve de Febrero, Inc., el 3 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 30 de junio de este año, por una cuantía máxima de $8,580,000.

Veintinueve de Febrero, Inc. es la empresa que manejó la campaña electoral de la gobernadora Jenniffer González cuando retó en primarias a Pedro Pierluisi y para las elecciones generales del 2024. La empresa fue creada el 11 de febrero de 2000, según el registro de empresas del Departamento de Estado y tiene contratos con el gobierno desde 2014. En la actualidad, mantiene acuerdos por $20.1 millones con los municipios de Bayamón y San Juan, Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Compañía de Turismo, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Autoridad de Transporte Integrado, entre otros.

Como parte del pleito, Digimedia argumentó que Hacienda violentó “el debido proceso de ley y a las normas aplicables del derecho administrativo”, al no emitir una “notificación formal de adjudicación o no adjudicación, ni determinación final, ni fundamentos, ni advertencia de revisión administrativa o judicial” de la subasta en la que participó. Aseguró que el comité evaluador de la agencia le confirió la puntuación más alta y recomendó su contratación. En la demanda enmendada, la empresa planteó ahora que lo sucedido en Hacienda no es “un incidente aislado”.

Ante tales alegaciones, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, rechazó este miércoles, por escrito, “cualquier insinuación de un supuesto patrón de corrupción en los procesos de contratación del gobierno”.

“Lo indicado en una demanda son alegaciones de la parte demandante sin tener que presentar evidencia y que deben atenderse en el foro judicial correspondiente, de acuerdo al rigor evidenciario establecido por ley”, planteó el portavoz de La Fortaleza.

Mencionó que cada agencia “cuenta con sus propios mecanismos de evaluación y adjudicación”, y que las determinaciones se toman a base de las evaluaciones técnicas, administrativas y financieras de la totalidad del expediente que someten los proponentes.

“La Fortaleza no interviene en los procesos de evaluación y adjudicación que corresponden a las subastas en las agencias y sus organismos facultados por ley para esos fines”, recalcó.

En la demanda enmendada, Digimedia indicó que la controversia en torno a la renuncia de Negrón Reichard trascendió mientras esperaba por la adjudicación de una subasta en la OGPe en la que participó. Fue en ese contexto que la empresa alega que conoció que Almodóvar Vélez fue destituido de su puesto de confianza y sumariamente suspendido de su empleo de carrera, junto con la jefa de personal, Charlene Neuman, por supuestamente incurrir “en presiones indebidas, represalias e intentar intervenir en el proceso competitivo” en la OGPe.

Digimedia hace constar en el nuevo recurso que solicitó este miércoles, mediante carta, copia del expediente del proceso competitivo en la OGPe ante información divulgada de que se intentó manipular el proceso para beneficiar a la empresa J&J Investment.

“La información que ha trascendido públicamente respecto al proceso competitivo RFP-DDEC-OGPe 2026-06, así como las destituciones y renuncias ocurridas como consecuencia de los hallazgos de la investigación interna realizada por el DDEC, refuerzan la razonable inferencia de que Digimedia ha sido objeto de actuaciones gubernamentales producto de patrón de corrupción, favoritismo y prevaricación que ha menoscabado sus derechos y expectativas legítimas de recibir un trato justo, imparcial y conforme al debido proceso de ley", sostiene la demanda.

Carlos J. Sagardía, abogado del Departamento de Hacienda, presentó una moción para oponerse a la enmienda de la demanda, bajo el argumento de que Digimedia no sometió evidencia, declaración jurada o un testimonio de su alegato, y enfatizó que se trata de dos agencias distintas entre las que “no existe nexo fáctico alguno entre el proceso de selección de servicios profesionales”.

“Las agencias son distintas, los funcionarios son distintos, los procesos son distintos y la materia es distinta. El único denominador común es que ambos involucran al gobierno de Puerto Rico, criterio que, de aceptarse, convertiría cualquier controversia gubernamental en prueba de corrupción en cualquier otra dependencia del Estado”, lee la moción de Sagardía, también presentada este miércoles.

Enfatizó que el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, ejerció la discreción que le concede el cargo “para seleccionar un proponente distinto” al recomendado por el comité evaluador, lo que, dijo, “no evidencia corrupción; evidencia el ejercicio legítimo de una prerrogativa administrativa expresamente conferida por la normativa aplicable”.

El abogado, sin embargo, no acompañó su moción con el documento firmado por el secretario que plasme las razones para haber seleccionado a Veintinueve de Febrero, Inc.

El 15 de mayo, la jueza Iris Cancio, del Tribunal de San Juan, emitió un injunction preliminar y declaró “no ha lugar” el pedido de Hacienda para desestimar la demanda. Digimedia logró, tras presentar un recurso legal, que la agencia le entregara parte de los documentos analizados por el comité evaluador.

De otra parte, Peña Payano reveló que, en cuanto a la subasta en el DDEC, el proceso de solicitud de propuestas fue cancelado, y se encaminará un nuevo procedimiento competitivo. Destacó, además, que la denuncia de Negrón Reichard sobre las supuestas irregularidades en la OGPe fueron referidas al Departamento de Justicia, a la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental.