La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concedió un alivio temporal a los municipios, a partir del 1 de julio, cuando comienza el próximo año fiscal, en las aportaciones que deben hacer al Plan de Salud del Gobierno.

La rebaja está contenida en el plan fiscal certificado del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), aprobado por la JSF el 18 de mayo, y el documento establece que la iniciativa también está contemplada en el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico.

Por más de cinco años, los gobiernos municipales han reclamado –sin éxito– a la Junta que se les exima de aportar al Plan de Salud del Gobierno, y del pago a las pensiones llamado PayGo, y que no se elimine el Fondo de Equiparación o se les sustituya, con tal de evitar el colapso fiscal de los ayuntamientos.

Aunque el plan fiscal certificado del CRIM cubre del 2024 al 2028, la JSF recalcó que el alivio es solo por un año. Es viable, indica el documento, gracias a las asignaciones de fondos federales hechas por el Congreso de Estados Unidos para inyectarle dinero al plan médico que provee el gobierno.

“Una vez que venzan estos flujos de financiamiento incremental, el plan fiscal certificado del Estado Libre Asociado asume que las contribuciones de los municipios volverán a los niveles estatutarios de referencia bajo la Ley 72-1993, que ascienden a aproximadamente $163.7 millones”, lee el documento.

Anualmente, los ayuntamientos deben contribuir con $163.7 millones a la tarjeta de salud del Estado, pero el alivio avalado por la JSF permitirá que el próximo año fiscal paguen solo $65.8 millones, mientras que los restantes $97.8 millones estarían cubiertos con fondos federales.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, afirmó, en entrevista con El Nuevo Día, que la cifra contenida en el plan fiscal del CRIM es incorrecta, y dijo que se lo comunicaron a la JSF. “Eso fue un error. La cifra correcta, y se lo notificamos a la Junta, es $83.6 millones, que deben cubrir los municipios”, sostuvo.

A preguntas de este medio, reconoció que aún queda sobre la mesa, y es parte de la discusión del borrador de presupuesto para el próximo año fiscal, la creación de un Fondo Municipal para Servicios Esenciales. Para ese pote, el gobierno solicitó $150 millones, pero Marrero indicó que la cantidad final es objeto de negociación.

El Fondo Municipal de Servicios Esenciales se planteó ante la inminente eliminación, en 2024, del Fondo de Equiparación. Este es un pote de dinero que es distribuido por el CRIM a los municipios a base de su necesidad económica.

“Celebramos el alivio, y seguiremos trabajando en unas iniciativas fundamentadas en la necesidad de proveer servicios esenciales, particularmente, a los municipios con alta vulnerabilidad social”, apuntó Marrero.

Sobre las exigencias de los alcaldes, la JSF dedica un apartado del plan fiscal del CRIM a indicar que la Ley 29-2019, que permitía eximirlos del PayGo y de la aportación al plan de salud, fue anulada “porque violentaba (la ley) Promesa”.

Resalta que, en marzo del año pasado, los municipios saldaron la deuda contraída tras dejar de pagar sus obligaciones, al amparo de la anulada Ley 29-2019.

La JSF le recalca al CRIM su política de que debe trabajar con los ayuntamientos para que estos “aumenten sus recaudos por concepto de impuestos a la propiedad”. Y advierte que cada municipio debe “identificar oportunidades adicionales de desarrollo económico que provean nuevas fuentes de ingresos e incentiven el desarrollo económico”.

Los últimos $44 millones del Fondo de Equiparación se acaban en 2024, y la JSF provee su receta para que los municipios más impactados por esta medida –como Comerío, que pierde 42% de sus ingresos– sean ayudados con los fondos que aún recibirá el CRIM que provienen de la Lotería y de un fondo especial creado el año pasado para el manejo de los desperdicios sólidos.

“Queremos una respuesta (a la petición del gobierno sobre el fondo alterno), que surja antes de julio, definitivamente. Es lo que estamos esperando”, dijo el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri.

De acuerdo con el plan fiscal certificado para el CRIM, para el 2024, se proyectan ingresos sobre la propiedad inmueble por $692 millones y por la inmueble, de $449 millones. Además, se acuerda con el ente tributario municipal continuar los esfuerzos o implementar medidas adicionales para mantener y actualizar un registro de las propiedades que sea correcto, mejorar sus sistemas tecnológicos para que puedan procesar los pagos de manera más eficiente y mejorar el cumplimiento tributario.

Seguirán las notificaciones

Para lograr ese objetivo, el CRIM continuará enviando notificaciones de tasaciones virtuales –identificadas como “aviso inicial”– en todo Puerto Rico con el fin de capturar ingresos.

Revela también el plan fiscal del CRIM que, de esas notificaciones, que comenzaron con 14,000 el 15 de mayo, el 56% estaba incorrecto, según una auditoría interna. Ahora, el CRIM se propone enviar “notificaciones corregidas” y finales para el 31 de mayo.

“Vamos a intentar ir al paso que nos requiere la Junta, pero tampoco vamos a atropellar al contribuyente. Cuando la información esté validada y correcta, entonces, va a ser enviada. Vamos a ir escalando en cantidad”, puntualizó el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo J. Paniagua Látimer.

El plan fiscal hace constar que el CRIM ha sido efectivo en utilizar tecnología e identificar 239,525 nuevas propiedades que no estaban en su registro y que le pueden redundar en más ingresos, siempre y cuando no hayan exenciones. Se trata, dice el documento, de 122 páginas de terrenos, terrenos que aparecen registrados, pero no la estructura enclavada, terreno y propiedad, o terreno y más de una propiedad.

Sobre las exenciones, el plan fiscal destaca que hay demasiadas y afectan las finanzas de los ayuntamientos, pues no se les consulta y las otorga el gobierno central. Un 58% de la propiedad mueble tiene algún tipo de exención de los impuestos al CRIM.

El CRIM logró identificar unas 517,824 propiedades con mejoras que no les fueron notificadas. La agencia se compromete, en el plan fiscal, a facturar, para agosto, al 25% de estos contribuyentes, lo que le podría dejar $12 millones en recaudos.

Otra medida que debe implementar el CRIM es corregir 197,782 direcciones incorrectas que posee de los contribuyentes en su sistema. Esto lo hará con acuerdos de entendimiento que ha alcanzado con otras agencias, como los departamentos de Hacienda y de la Vivienda.

La JSF, tal y como propuso el CRIM, determinó no tocar el impuesto sobre el inventario de la propiedad a la espera de que se discutan algunas medidas legislativas sobre ese aspecto. Se consigna que el CRIM no favorece llevar las propiedades al valor del mercado para efectos de tasación de los impuestos a la propiedad inmueble.

Mientras, el porfolio de deudas del CRIM no será vendido, por el momento, y se le permitirá a la dependencia gubernamental seguir depurando sus libros.