El Departamento de la Vivienda identificó más de 100 casos entre propietarios de hogares, comerciantes, agricultores y pescadores que pudieron haber cometido fraude tras haber recibido ayuda con fondos federales del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés) e intentar luego vender los activos reconstruidos o adquiridos, reveló este martes la secretaria Ciary Pérez Peña.

“Ayer (lunes), tuvimos una reunión con el Área de Monitoría. Vamos a comenzar una campaña en torno a todos nuestros programas. Hemos identificado no solamente las personas que han recibido reparación (de vivienda). Es bien importante que los comerciantes y las personas que participaron del programa de SBF y del programa de ‘Regrow’… ya hemos identificado casos donde nos hemos estado reuniendo con ellos por incumplimiento”, dijo, en la conferencia de prensa bisemanal que ofrece La Fortaleza.

Vivienda administra no solo los fondos CDBG-DR para el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación, conocido como R3, sino también los del Financiamiento para Pequeñas Empresas (SBF, en inglés) y Renacer Agrícola (“Regrow”). Estos últimos dos proveen subvención para equipo y materiales, mientras que R3 permite la reparación o reconstrucción de vivienda. Cuando reparar o reconstruir no es posible, el beneficiario es ubicado en una nueva propiedad tras proveérsele un vale con un monto de ayuda asignado.

Pérez Peña destacó que han recibido “personas voluntarias que van a hacer entrega de los equipos que compraron, porque, en efecto, los compraron, pero no ejecutaron”. Ante ello, añadió, Vivienda está en la búsqueda de una propiedad para ubicar el equipo o materiales recibidos, en consulta con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés).

“Estamos comenzando unas nuevas gestiones también, porque el Departamento de la Vivienda está buscando una propiedad de alquiler, pues nosotros no tenemos un área para almacenar ni vehículos, ni tractores, ni los equipos que pudieron haber adquirido en ese plan que se presentó”, sostuvo.

Agregó que enviaría una carta a HUD para recibir instrucciones sobre cómo proceder.

“Si, en efecto, estas propiedades que nosotros recuperamos las podemos vender, (determinar entonces) en qué precio se puede vender y ese tipo de cosas. Así que, honestamente, es algo nuevo. Podría haber más detalles en el futuro”, expresó.

¿Cuántos casos de posible fraude han podido identificar?, se le cuestionó.

“Si yo sumo todos los programas de los que ya tenemos actualmente identificados y que el área de Legales los tiene bajo su custodia de evaluación, sobrepasamos los 100 casos”, respondió Pérez Peña.

Sus expresiones se unen a las que hizo a principios de julio, cuando reveló que dos beneficiarios de R3 estaban siendo investigados luego que recibieran confidencias de que vendieron propiedad inmueble incumpliendo con los términos de la ayuda. En ese entonces, la secretaria advirtió que esas personas, de las que no dio detalles, se exponían a sanciones y acusaciones federales por posible fraude.

Tras recibir ayuda de HUD, un beneficiario no puede vender la propiedad o realizar una transacción hasta que transcurran cinco años.

“Y es lo que le vamos a preguntar a HUD. Es si los cinco años van a correr desde el momento del cierre del caso o desde el momento de la última inspección, porque las fechas son distintas. Yo puedo inspeccionar la propiedad una vez se hicieron las reparaciones y el proceso de cierre puede ocurrir un mes después, dos meses después, así que yo necesito tener certeza de cuál va a ser la fecha que yo voy a utilizar para los cinco años, porque eso puede medir ciertos casos que, a lo mejor, puede el Departamento pensar que están en cumplimiento y, en efecto, no lo están, o viceversa”, explicó.

De otra parte, Pérez Peña rechazó las denuncias de desplazamientos en Punta Santiago, en Humacao, como alegaron en un noticiario (NotiCentro) residentes de esa área, junto a la alcaldesa Rosamar Trujillo Plumey.

Arguyó que se enteró de las denuncias por la prensa, pese a que la alcaldesa y la líder comunitaria de Punta Santiago tienen su número telefónico.

“Cuando hablan de mover, yo me digo (que) nosotros reubicamos, nosotros les damos un vale a las familias y las familias adquieren una propiedad, los que ya no están allí es porque han comprado unas propiedades en otros lugares y se han mudado voluntariamente”, sostuvo.

“Esto (reubicación) es voluntario. Nosotros no queremos desplazar a Punta Santiago. Nosotros no queremos desaparecer una comunidad. Nosotros queremos poner a estas familias a salvo en una emergencia, por lo que ellos mismos vivieron”, agregó, tras recordar que Punta Santiago quedó “bajo agua” tras los huracanes Irma y María, en 2017.

En esa línea, afirmó que el terreno que eventualmente quede desocupado no será desarrollado, sino reforestado a tono con los requerimientos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que proveyó los fondos para las relocalizaciones.