Wanda Vázquez convocó a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para atender varias medidas y propuso un referéndum para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones.

A poco menos de un mes de la contienda primarista en su partido, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció este lunes que convocará un referéndum para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones de los empleados jubilados del gobierno.

La consulta popular se llevaría a cabo en las elecciones de noviembre próximo, sostuvo Vázquez Garced.

De igual forma, Vázquez Garced hizo valer la promesa que hizo durante su mensaje de situación y presupuesto del país al anunciar que enviará a la Legislatura al menos tres proyectos de ley para enmendar el Código de Seguros, a fin de eliminar requisitos para la prestación de servicios médicos o acelerar el pago de reclamaciones.

En un mensaje especial desde el Centro de Convenciones en Miramar y flanqueada por los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, y otros legisladores, Vázquez Garced alegó que urge llevar a cabo una consulta popular para evitar lo que catalogó como “una injusticia”.

“No es un regalo”, dijo Vázquez Garced, al señalar que la medida que enviaría a la Legislatura busca garantizar el derecho que tienen los empleados públicos de recibir una pensión, según aportaron a esta a lo largo de su trayectoria de servicio en el gobierno.

El anuncio de Vázquez Garced se produjo este lunes, justo cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicó la semana pasada en el tribunal que no está preparada para discutir el plan de ajuste (POA, en inglés) del gobierno central como resultado del impacto del coronavirus en la actividad económica de la isla.

El Nuevo Día solicitó a la JSF una reacción al anuncio de Vázquez Garced, pero no recibió una respuesta inmediata.

Según la primera ejecutiva, la medida que daría pie al referéndum busca conceder al pago de las pensiones la misma prioridad que posee el pago de la deuda pública establecido en la Constitución.

Al presente, la Constitución de Puerto Rico concede la primera prioridad de pago a la deuda por concepto de bonos o aquella que cuente con la garantía o buena fe del Estado Libre Asociado.

El estado de derecho de Puerto Rico, que quedó modificado por la ley federal Promesa, establece el orden de prelación de pagos mediante dos vías: la carta magna de la isla y la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Hasta ahora, el pago de pensiones ocuparía el octavo lugar en el orden de pagos y obligaciones del gobierno.

Luego del pago de la deuda por concepto de bonos, la ley 147 de 1980 establece en su artículo cuarto que el gobierno pagará los contratos vigentes, sentencias en casos de expropiación forzosa y obligaciones que comprometan la buena fe del gobierno. Luego de ello, el orden de pagos es el siguiente: “la conservación de la salud pública, la protección de personas y de la propiedad, los programas de instrucción pública, los programas de bienestar público y el pago de las aportaciones patronales a los sistemas de retiro y el pago de pensiones”.

Para lograr la consulta, Vázquez Garced convocó a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria que permita aprobar ese proyecto de ley. Entre otras cosas, Vázquez Garced también incluyó en la sesión extraordinaria medidas para otorgar fondos a organizaciones sin fines de lucro, así como varias medidas para modificar la relación que existe entre aseguradoras y proveedores de salud.

Según la mandataria, al presente, los pacientes en Puerto Rico son perjudicados porque los aseguradores intervienen constantemente en el criterio médico y atrasa los pagos a los proveedores de salud.