Los familiares de la ahora exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, y propietarios de Yabucoa Auto Service, no se expresarán sobre la controversia debido a una investigación de índole “criminal” en curso en el Departamento de Justicia, manifestó este viernes su abogado, Héctor Castro Pérez, en una vista pública citada por la Cámara de Representantes.

“Ellos (sus clientes) saben que, ahora mismo, se está llevando una investigación en Justicia, evidentemente de un carácter criminal. Ellos tienen una prerrogativa de no comparecer aquí y no van a comparecer”, sostuvo el licenciado al salir de la audiencia pública.

El presidente de la Comisión cameral de Transportación e Infraestructura, José Hernández Concepción, estableció que este centro de inspección fue el único que se presentó de ocho citados para la segunda vista pública de la Resolución de la Cámara 352 para investigar la regulación de estos establecimientos que verifican los autos para dar marbetes.

“Existe una investigación en curso y, en deferencia a este proceso, encontramos que no se pueden expresar. La verdad saldrá a relucir. Una vez concluida la investigación, estaremos disponibles”, indicó Castro Pérez, quien acudió solo a la audiencia.

Al preguntarle si sus clientes se encuentran preocupados, el abogado contestó que “cualquier persona que pase por esto tiene que tener algo de preocupación”. “Pero (respecto a) cómo ellos se sienten, yo los veo lo más bien”, agregó.

El representante novoprogresista evaluará el lunes –en vista ejecutiva– la posibilidad de citar a los dueños de Yabucoa Auto Service so pena de desacato para que no puedan ausentarse a las vistas del cuerpo legislativo.

“Si hacen eso, entonces, en su momento, recomendaré a mis clientes si contestan preguntas, si contestan una o contestan otras…”, respondió Castro Pérez a la prensa.

Al salir de la audiencia de la Cámara, Castro Pérez evitó responder a El Nuevo Día cuándo fue contratado por el padre de Pérez Peña, Noel Pérez Martínez. Mientras, insistió en que Pérez Martínez es el presidente de Yabucoa Auto Service, pero no dijo desde cuándo. Previamente, se reportó por múltiples medios que la entonces secretaria del Departamento de la Vivienda fue la dueña registral del establecimiento hasta diciembre pasado.

La semana pasada, ni el padre ni el hermano de la exsecretaria comparecieron ante la comisión cameral, alegando que no querían interferir con la investigación que Justicia lleva a cabo sobre el mismo asunto. En ese entonces, la justificación no fue acogida.

La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor de Justicia activó, el 9 de marzo, el período de 90 días para determinar si referirán el caso a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Esta pesquisa –que surgió tras un referido de dos representantes populares– fue a la que el abogado de la familia de Pérez Peña se refirió este viernes como de índole criminal.

“Queremos saber cuál fue el proceso para cambiar leyes, modificar reglamentos y, en el caso de que entendamos que alguien ha cometido delitos, hacer referidos pertinentes a las agencias estatales y federales”, insistió, por su parte, Hernández Concepción al culminar la vista, en la que también planteó que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el de Hacienda no han brindado documentos que registren las rebajas de multas.

El representante señaló como irregular que un centro haya pagado $5,000 de multas y que “no haya constancia (en el DTOP) de cómo ocurrió ese proceso”.

“Tenemos que hacer valer que vengan. (…) Pareciera una norma y por eso queremos saber si tienen documentación (de las multas o sus rebajas), y el DTOP no la entregó. Todos se excusaron. No quiero pensar que se comunicaron entre ellos”, sostuvo el legislador, al comentar que muchos se ausentaron con excusas médicas.

El abogado de otro centro indicó –por escrito– que no llegó a la vista porque estaba atendiendo otro caso en el tribunal, agregó Hernández Concepción, quien aseguró que son muchos más los establecimientos que incumplen con las inspecciones del DTOP.

Adelantó que citarán, por tercera vez, a los ocho centros de inspección de distintas partes de la isla, la próxima semana. Además, pedirán la asistencia de Arturo Déliz, delator del DTOP sobre la pesquisa del centro vinculado a Pérez Peña y quien demandó a la agencia. Asimismo, tendrá que acudir a la comisión la entonces directora de inspecciones en el DTOP, María Fuster.

Carlos Crespo Ortiz, representante del Centro Unido de Detallistas (CUD), se presentó a la audiencia de la Cámara tras mostrar “preocupación” por los cerca de 200 socios que tienen centros de inspección de marbetes. Ninguno de los citados pertenece al CUD.

“Se están viendo afectados por todos los comentarios de los centros que le han fallado tanto al consumidor como al pueblo de Puerto Rico. (…) El gobierno ha sido muy fiscalizador en los centros de inspecciones y ha llegado a lo que ha llegado el día de hoy. Espero que no sea tardío y que los centros de inspección puedan aclarar todas estas situaciones. Cada vez que llega un consumidor, se pregunta si este centro será de los que está ‘truqueando’ (engañando) o no”, comentó, al recordar que en el pasado estos establecimientos vendían el 90% de los marbetes en el país.