En momentos en que más de 35 municipios se enfrentan a un precipicio fiscal, el Senado dio paso a una legislación –presentada a petición de la Federación de Alcaldes– que permitiría a los ejecutivos municipales reclamar ante sus respectivas legislaturas un alza salarial.

El Proyecto del Senado 615, que enmienda múltiples disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020), propone un nuevo esquema para la aprobación del sueldo de los alcaldes y alcaldesas que colocaría en manos de los miembros de las legislaturas municipales dicha determinación.

“Treinta y ocho municipios están solicitando un rescate financiero, prácticamente, y aquí tenemos a esos mismos alcaldes diciéndole a nuestro país que se quieren aumentar el sueldo teniendo ellos la capacidad de usar la Asamblea Legislativa de su municipio”, advirtió el senador independiente, Eliezer Molina Pérez.

Actualmente, los salarios de los ejecutivos municipales están sujetos a unas escalas. Por ejemplo, un alcalde de un municipio cuya población fluctúa entre los 35,000 y 45,000 habitantes recibe una paga de $6,000 mensuales. Mientras, el de un pueblo con más de 300,000 residentes recibe una compensación que alcanza los $9,500 al mes.

Sin embargo, hay alcaldes con salarios mayores al dispuesto en las escalas, ya que previo al establecimiento de ese sistema, la concesión salarial recaía, precisamente, en las legislaturas municipales, apuntó Molina Pérez.

Según el lenguaje incluido en la medida, el sueldo para el cargo de alcalde se fijará y será aprobado por la mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura Municipal y dispone que el proceso de evaluación, determinación y adjudicación se realice como parte de las sesiones de esos cuerpos legislativos.

“Cuarenta municipios estaban gritando aquí la semana pasada que están quebrao’s, ¿cómo van a venir ahora a decirle al país que se van a aumentar el sueldo?”, aseveró Molina Pérez durante la sesión del lunes, donde tildó el proyecto de “vago”y vacío".

La legislación, radicada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, recibió 21 votos a favor y tres en contra.

“Vamos a ver a los alcaldes repartiéndose el sueldo con los fondos municipales en los próximos meses si esto se llega a concretar”, advirtió Molina Pérez, quien solicitó que la medida fuera devuelta para un análisis mayor.

Para la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roxanna Soto Aguilú, el proyecto de ley no representa un cheque en blanco a los alcaldes para que se aumenten los sueldos, ya que, sostuvo, cualquier incremento debe ser otorgado utilizando como base 10 criterios de productividad incluidos en el proyecto.

Entre estos criterios, está la situación fiscal del muncipio, según recogida en el informe de auditoría o single audit más reciente. “Tenemos que ser muy cuidadosos en decir que tenemos que, desde la Asamblea Legislativa, ser más rigurosos en una pieza legislativa como esta porque nos estaríamos convirtiendo en los yugos de las autonomías municipales”, aseveró Soto Aguilú.

Al momento de aprobar un alza salarial debe considerarse, asimismo, la población y el aumento en los servicios a la comunidad, la complejidad de las funciones y responsabilidades y el costo de vida y la habilidad del alcalde para atraer capital y desarrollo económico a su pueblo. Asimismo, depende del cumplimiento del ayuntamiento con los controles fiscales y administrativos dispuestos por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La legislación prohíbe aprobar revisión de sueldo dos meses antes y dos meses después a la celebración de las elecciones generales.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, se opuso a la medida por -entre otras razones- los cambios que promueve a los procesos de subastas de los municipios y porque, dijo,legitima y auspicia el procedimiento sumario en procesos de expropiación.

“El proyecto, además, provee unas condiciones sujetas a interpretaciones y elementos subjetivos para los aumentos a los alcaldes y retrotrae para aquellos alcaldes electos desde el año 2012 el privilegio de retiro pagado con el Fondo General”, apuntó la legisladora.