Además de las repercusiones ambientales que por años han sido objeto de denuncia, líderes de las organizaciones que representan a las comunidades en torno al río Piedras advirtieron, el martes, ante la Cámara de Representantes sobre el impacto desproporcionado que la canalización del cuerpo de agua tendría sobre la salud física y mental de los adultos mayores residentes en el área.

“La canalización de un río no es meramente una intervención de ingeniería, sino una transformación del tejido social y ecológico de una comunidad. Para las personas mayores, cuyo bienestar está estrechamente ligado a la estabilidad ambiental, los espacios públicos accesibles y las redes sociales sólidas, estos cambios pueden tener efectos profundos y duraderos”, expuso Janis González Martínez, investigadora biomédica retirada del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y residente de la urbanización University Gardens, colindante con un segmento del río.

Entre las comunidades de University Gardens, Jardines Metropolitanos, Reparto Metropolitano y Villa Nevárez, residen entre 40,000 y 50,000 personas, estimó González Martínez, de las cuales cerca del 30% son mayores de 65 años. La canalización del río Piedras –proyecto en manos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) que viene conceptualizándose y desarrollándose parcialmente desde la década de 1980– supondría la pérdida de espacios verdes, un aumento en el calor asociado a las construcciones en cemento y una “fragmentación comunitaria”.

“Las actividades de construcción, la alteración de los patrones de tráfico y la barrera física creada por un río canalizado pueden interrumpir la conectividad vecinal. Las personas mayores que dependen de rutas peatonales, transporte público o proximidad a los servicios pueden ver reducida su movilidad e independencia”, señaló la académica retirada ante la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por Ricardo Ocasio Ramos, representante del distrito 2 de San Juan, que abarca gran parte de las comunidades impactadas por el proyecto de canalización.

En la vista pública, a la que, junto a los deponentes, asistieron decenas de residentes de las comunidades, se recalcaron preocupaciones que, por años, han marcado el debate en torno al proyecto, cuyo costo se ha estimado en cerca de $2,700 millones, sin que al momento el Congreso haya financiado cerca del 40% del total: la obsolescencia de los estudios de impacto ambiental, la remoción de vegetación que sería necesaria para llevar a cabo las obras y la inatención a deficiencias históricas en el sistema de alcantarillado pluvial que, según los vecinos, es responsable de los eventos de inundaciones en las pasadas décadas.

El biólogo Fred Schaffner sostuvo que, como patrocinador estatal del proyecto, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tiene la facultad de detener el proyecto en cualquier momento. A la fecha, el grueso de las obras ejecutadas ha tenido lugar en la parte norte de la cuenca, que incluyen la zonas de Bechara –cerca del área industrial y los muelles de carga de la capital– y el estuario de la bahía de San Juan. En curso, se encuentran trabajos de reemplazo del puente de la avenida Roosevelt y la canalización y profundización del río en la zona de Puerto Nuevo, donde, en pasados años, el gobierno estatal adquirió cerca de 20 residencias.

Posteriormente, el plan vigente contempla obras adicionales de ensanchamiento y reemplazo de puente más al sur, alrededor de Reparto Metropolitano, University Gardens, Villa Nevárez y Jardines Metropolitanos.

“¿Cuál sería la consecuencia de que el DRNA se retire?”, preguntó Ocasio Ramos.

“El proyecto debe paralizarse”, acentuó Schaffner, señalando que, de completarse las fases previstas, el agua fluiría más rápidamente por el río y, en caso de sobrecarga cercano a la costa, habría mayor riesgo de desborde en las comunidades.

Reyes Rodríguez, en representación de la organización GuardaRío, puntualizó que el manejo del proyecto a nivel estatal, por parte del DRNA, ha sido “negligente” indicando que las comunidades desconocen si un comité interagencial –que debe estar compuesto por representantes de esa agencia, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el municipio de San Juan y la UPR– está constituido actualmente.

Al igual que otros deponentes, Jorge Del Río Pineda, presidente de la entidad Comunidades Protectoras del Río Piedras, urgió a destinar los fondos asignados al USACE a la rehabilitación de los sistemas pluviales de la capital, acción que, posiblemente, requeriría enmiendas a nivel congresional.

Ocasio Ramos indicó que la siguiente vista pública será el 23 de febrero, cuando recibirá a deponentes que no pudieron participar el martes, y que, posteriormente, anticipa citar al DRNA, el municipio de San Juan y la UPR. El representante independentista Denis Márquez, por su parte, urgió a convocar una vista ocular, pedido al que se unió el legislador novoprogresista Pedro Julio “Pellé” Santiago, quien sugirió que la inspección se haga en comisión total, con la participación del pleno de la Cámara baja.