El debate sobre dónde trazar la línea entre la transparencia judicial y la protección de los derechos de los acusados tomó un nuevo giro este miércoles, al cuestionarse, por parte de miembros de la Legislatura, la aparente práctica de terceros que monetizan las transmisiones de procesos a través de sus plataformas digitales.

Ante estos cuestionamientos, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) reconoció que el nuevo reglamento que rige la cobertura electrónica en las salas de los tribunales no contempla el tema de la monetización.

“La transparencia es sumamente importante; la libertad de prensa es un derecho constitucional de igual forma. Pero el derecho de un acusado a la presunción de inocencia, el derecho a que los procesos se hagan conforme a la ley y que haya esa solemnidad de imparcialidad y de pureza, creo que se está viendo vulnerado cuando tenemos este tipo de casos”, dijo el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, José “Che” Pérez.

“La tecnología es importante, la transmisión, la pureza. No podemos huirle a este tema, pero tenemos que estar conscientes de esos retos que traen y que han vulnerado derechos que en los procesos habían funcionado bien...”, abundó, durante una vista pública en la que se consideró el Proyecto de la Cámara 1211, del representante Gabriel Rodríguez Aguiló.

Fue Rodríguez Aguiló, precisamente, quien trajo ante la consideración el asunto, al alegar que, a través de las redes sociales, personas que se identifican como “peritos” utilizan la señal oficial de los tribunales para analizar el proceso judicial y mercadear sus servicios, convirtiendo el proceso en una plataforma de lucro personal.

Rodríguez Aguiló propone, a través del PC 1211, prohibir la transmisión, difusión o retransmisión en tiempo real de las vistas previo a la etapa de juicio, por entender que su difusión puede provocar percepciones en la opinión pública que inciden adversamente en la presunción de inocencia que cobija a toda persona acusada.

“La prensa puede continuar haciendo su trabajo, los ciudadanos pueden asistir a las vistas y los procesos continúan siendo públicos. Lo que estamos evaluando es si la transmisión masiva en tiempo real de estas etapas aporta a la justicia o si, por el contrario, puede afectar su resultado”, puntualizó.

Ante los cuestionamientos, la Comisión solicitó a la OAT, al Departamento de Justicia y la Oficina del Procurador General que presenten sus posiciones sobre el tema de la monetización.

No obstante, durante la audiencia, la licenciada Giselle Rosa González, de la OAT, argumentó que el nuevo reglamento que rige la cobertura electrónica en las salas de los tribunales, el cual entra en vigor en octubre, establece, en la Regla 21, el uso permisible del material grabado.

El documento dispone que “el material grabado como resultado de la cobertura electrónica de procesos judiciales conforme a este reglamento deberá ser utilizado exclusivamente para fines informativos o educativos que promuevan un interés público legítimo. Su utilización estará sujeta al estricto cumplimiento de los principios de la ética periodística, tales como la integridad, la veracidad y la responsabilidad en el manejo del contenido. Se salvaguarda la dignidad y el respeto de las personas que participen de los procesos judiciales que son objeto de cobertura electrónica”.

“¿Cuál es la posición de la OAT en cuanto a la monetización y la utilización de la señala oficial del gobierno de Puerto Rico para obtener ganancias personales? No estoy hablando de un reportero ni de un canal de televisión”, insistió Rodríguez Aguiló. Rosa González recalcó en que el documento no aborda el tema.

A principio de mayo, el Tribunal Supremo aprobó la implantación de una “normativa permanente” que surge tras 13 años de evaluación del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (PECAM), establecido en 2013 y que solo aplicaba a cuatro salas en el Tribunal de San Juan: dos de recursos extraordinarios, una de civil ordinario y una criminal.

Además de incluir una definición “más amplia” del término medio de comunicación, el nuevo reglamento introduce restricciones sobre las tomas que los fotoperiodistas podrán capturar para proteger a las partes de la “publicidad excesiva”, los periodistas tendrán “bancos seleccionados” para estar en la sala y se designarán espacios para hacer entrevistas en los pasillos “para asegurar el flujo de personas en las dependencias judiciales y la seguridad”, explicó la OAT, en entrevista previa con El Nuevo Día.

“Tenemos que sopesar hasta dónde debe ser el derecho a la transparencia y a la publicidad de un proceso versus el derecho de un acusado, porque todo el proceso va creando una cadena de eventos inflamatorios (...) que atentan contra ese derecho del acusado”, argumentó, por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

Durante la vista, representantes de Justicia, el Colegio de Abogados, el Procurador General y la Sociedad para Asistencia Legal expresaron preocupación por los aparentes riesgos que trae consigo la difusión en tiempo real para la presunción de inocencia, la imparcialidad de los procesos judiciales, la protección de víctimas y testigos y la integridad en la selección de los jurados.

También, abordaron preocupaciones relacionadas con la exposición pública de jueces de primera instancia, fiscales, abogados y testigos en casos de alta notoriedad.