La jornada legislativa de este jueves cerró con la aprobación, en la Cámara de Representantes, del proyecto que autoriza a menores que hayan cumplido los 16 años a inscribir a sus hijos en el Registro Demográfico sin necesidad de un tutor, mientras que el Senado no llevó a votación su propuesta para reformar el sistema judicial.

El Proyecto del Senado (PS) 1096, de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz, figuraba en el calendario de la sesión, pero quedó en asuntos pendientes. “No sé exactamente qué habrá pasado. Es posible que no estuvieran todos los senadores en sala y eso, creo, es una razón de mucho peso. Me parece que por ahí pudiera ir la cosa”, dijo el senador Ángel Toledo.

La Comisión de lo Jurídico del Senado, presidida por Toledo, emitió un informe favoreciendo el proyecto de reforma judicial, pero propuso, como parte de su evaluación, eliminar la creación del “Patronato del Poder Judicial” y establecer un requisito de cinco años de experiencia para los jueces del Tribunal de Primera Instancia.

El organismo ha rechazo, asimismo, que la legislación debilite al Tribunal Supremo, ya que, bajo el marco jurídico propuesto, seguiría correspondiendo al máximo foro adoptar las reglas para la administración de los tribunales e interpretar, como último expositor de la Constitución, el alcance y operación de las leyes aprobadas.

La medida, no obstante, ha enfrentado la oposición del Poder Judicial, así como de entidades como el Colegio de Abogados y Abogadas. Además, un grupo de exjueces y expertos en Derecho Constitucional apuntó que el proyecto violenta la separación de poderes dispuesta en la carta magna.

El Proyecto de la Cámara 1251, en tanto, otorga capacidad legal a menores que hayan cumplido 16 añospara realizar la inscripción de sus hijos en el Registro Demográfico de forma independiente. De igual forma, dispone que todo padre o madre menor de edad podrá solicitar su emancipación al cumplir los 18 años, “mediante concesión judicial, sin necesidad del consentimiento de sus progenitores o de su tutor legal”.

Para hacerlo, el menor debería presentar una certificación de nacimiento que acredite la filiación del hijo o hija, mientras el tribunal debería evaluar la solicitud y determinar que la persona solicitante comprende la naturaleza y las consecuencias jurídicas de la petición.

De otra parte, van rumbo a La Fortaleza el PS 732, para que en los torneos deportivos, competencias y escuelas especializadas en deportes haya, al menos, un terapeuta atlético; el PS 914, que enmienda la Ley 54 de Violencia Doméstica para imponer penas más severas en aquellos casos donde existen situaciones de riesgo; y el PS 1016, para aclarar que los contratos de arrendamiento que deben constar por escrito son aquellos de más de seis años.

También, están listas para consideración de la gobernadora Jenniffer González las resoluciones conjuntas del Senado 104 y 106, que buscan reconocer como patrimonio cultural de Cidra tanto a la Tuna Estudiantil como a la Banda Escolar del municipio.

Mientras, el Senado derrotó el PS 869, de la senadora Roxanna Soto Aguilú, para prohibir la grabación y publicación de contenido con estudiantes por personal educativo en escuelas o actividades educativas sin consentimiento escrito de padres o encargados radicado ante el Departamento de Educación.

Durante la evaluación de la medida, Educación consignó su respaldo “condicionado” a que se revisaran los mecanismos de implantación para asegurar su viabilidad administrativa y fiscal, se eliminaran las sanciones y se dispusieran unas guías “claras” que permitieran una aplicación uniforme.

La misma suerte corrió la Resolución del Senado 214, también de Soto Aguilú, para investigar las prácticas de disposición de escombros, materiales vegetativos y otros residuos por parte del Municipio de Río Grande, incluyendo el uso de terrenos municipales.

Ninguna de las medidas de Soto Aguilú alcanzó el mínimo de 15 votos para aprobación.

Donde, al momento, los cuerpos no han logrado coincidir es en el lenguaje de la Resolución Conjunta del Senado 189, una medida de La Fortaleza que autoriza la confección de tablillas alusivas al 250 aniversario de Estados Unidos.

El Senado no acogió las enmiendas sometidas por la Cámara de Representantes, que eliminó el lenguaje que disponía el uso exclusivo de los recaudos por la venta de la placa para financiar los actos del 4 de julio, Día de la Independencia.

También, se eliminó la Sección 5, que autorizaba al gobierno “a solicitar, aceptar, recibir, preparar y/o someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas o privadas” para nutrir el fondo especial. De igual forma, quedó fuera la creación de una licencia de conducir conmemorativa y la apertura de una tienda de memorabilia y recuerdos alusivos a la fecha.

La medida pasa ahora a la consideración de un comité de conferencia –integrado por miembros de ambos cuerpos– para intentar subsanar las diferencias.