Tal y como ocurrió en el Senado, la Cámara de Representantes aprobó este martes -sin vistas públicas y por descargue- el proyecto de administración que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido.

El Proyecto del Senado (PS) 923 fue aprobado a viva voz, por lo que tiene que ser llevado a votación final para ser ratificado.

“Aquí estamos, nuevamente, aprobando... una medida que atenta contra los principios de intimidad del ser humano, particularmente de las mujeres, que puede tener unas consecuencias terribles”, subrayó la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez Colón.

“¿Cuál es el miedo de realizar vistas públicas? ¿De tener discusiones responsables con proyectos que inciden en la vida de los seres humanos?“, cuestionó Gutiérrez, al denunciar, como han hecho expertas en derechos reproductivos, que la medida es un paso dirigido a, eventualmente, prohibir el derecho al aborto.

”Dictatorial son las actitudes y las formas en la que aprueban estas medidas”, aseveró.

A la legislación, se le incluyó una enmienda para disponer que la definición de “asesinato contra un ser humano” a ser considerada será aquella según tipificada en los incisos (G), (H) y (I) del Artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012).

Estos incisos fueron los que se incluyeron a través de la aprobación de la Ley 166-2025, conocida como la Ley “Keishla Madlane”, al Código Penal.

“Lo descargamos con convicción y con conocimiento pleno de lo que estamos haciendo porque estamos cumpliendo con el contrato que contrajimos con el pueblo de Puerto Rico de que íbamos a aprobar leyes que fueran para defender la vida y los intereses de los puertorriqueños y las puertorriqueñas por nacer”, argumentó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

No obstante, tras presentar el proyecto a principios de esta sesión, la gobernadora dijo que había solicitado su retiro por entenderlo innecesario, aunque horas después desistió y manifestó que dejaría que siguiera el trámite legislativo.

Al ser aprobado con enmiendas, la legislación debe regresar ante la consideración del Senado.

Según la exposición de motivos del PS 923, la inclusión de la nueva disposición en el Artículo 92 del Código Penal –que define asesinato como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”– es necesaria “para mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales”.

A finales de 2025, González promulgó la Ley 166-2025, que tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación. La legislación fue presentada en alusión al caso de Keishla Madlane Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada cuando fue asesinada por el exboxeador Félix Verdejo el 29 de abril de 2021.

Además, fue aprobada la Ley 183-2025, que enmendó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural. El estatuto recibió el rechazo de médicos y profesionales del derecho, que advirtieron que no solo representa un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que pone en riesgo la práctica médica.

Tras la radicación del PS 923, expertas en derecho condenaron la medida, al argumentar que criminalizaría la práctica del aborto en todos los escenarios.

Horas antes a la consideración de la legislación en la sesión de la Cámara, la organización Aborto Libre se manifestó en los predios del Capitolio en oposición a la medida y para denunciar el impacto que tiene sobre los derchos y la salud de las personas gestantes.

“Nuestro derecho constitucional a la intimidad y a la dignidad humana va por encima de cualquier intento de la Legislatura de erosionar nuestros derechos y nuestras acciones”, declaró Yanira Reyes Gil, abogada y profesora de derecho.

Al sostener que el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico, Reyes Gil denunció que la intención con la aprobación del proyecto de ley es crear un estado de confusión que afecta los derechos de las personas embarazadas. “La aprobación de leyes que perjudican nuestros derechos y acceso a la salud por maniobras político-partidistas y sin participación ciudadana es una afrenta a la democracia”, denunció, de otra parte, la abogada Rosa Seguí.