La Cámara de Representantes aprobó este jueves la reforma judicial del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que propone, entre otras cosas, cambiar la forma en que se ha nombrado a los jueces administradores por los pasadas décadas y eliminaría el cargo de juez municipal.

Con este trámite, el Proyecto del Senado (PS) 1096 regresará esta misma tarde al pleno del Senado para evaluar las enmiendas que se presentaron en la Cámara, informó Rivera Schatz al decretar un receso, hasta las 4:45 p.m., para retomar la discusión.

La medida continuó su trámite legislativo luego de que 32 representantes del Partido Nuevo Progresista y Proyecto Dignidad le votaran a favor, mientras que 15 del Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño consignaran su oposición. Seis representantes estuvieron ausentes.

La estructura que se dispone en la pieza establece que el Poder Judicial estará compuesto por los 11 miembros del Tribunal Supremo; el Tribunal de Apelaciones, con 39 jueces operando en paneles de 3 a 7 miembros; y el Tribunal de Primera Instancia, fijado en 338 jueces, eliminando la categoría de juez municipal.

“A través de este estatuto, cumplimos nuestro deber de procurar un aparato judicial efectivo, actualizado, garante del criterio de independencia judicial y que redunde en el bienestar de los puertorriqueños”, reza la exposición de motivos del proyecto.

Desde su radicación en el Senado, la medida ha enfrentado oposición de diversas estructuras judiciales y expertos en derecho constitucional, quienes han apuntado que violenta la separación de poderes que la Carta Magna establece entre las funciones reglamentarias del pleno del Supremo y la autoridad ejecutiva de su juez presidente, cargo que Maite Oronoz Rodríguez ocupa desde 2016.

Desde la promulgación de la Constitución del Estado Libre Asociado, en 1952, el juez presidente ha tenido la facultad de designar a los jueces administradores de cada región judicial y nombrar a los directores auxiliares que laboran bajo el director de la Oficina de Administración de los Tribunales, funciones que los opositores de la pieza consideran que ahora pasarían al Supremo en pleno compuesto por nueve jueces asociados, creando retrasos en el manejo del Poder Judicial.

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