La reforma judicial del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, bajará a votación la próxima semana en la Cámara de Representantes, tras quedar pendiente en el pleno para tener más tiempo para profundizar sobre la eliminación del puesto de juez municipal, y porque varios legisladores se encuentran en un viaje oficial, indicó el portavoz del Partido Nuevo Progresista en ese cuerpo, José “Pichy” Torres Zamora.

De contar con los votos en la Cámara, la medida pasaría a manos de la gobernadora Jenniffer González, quien, de firmarla, cambiaría la forma en que se ha nombrado a los jueces administradores por los pasadas décadas.

“(El lunes), lo pasamos en calendario y tuvimos el debate de rigor entre las delegaciones. Tenemos varios compañeros que están en un viaje oficial y el presidente (Carlos ‘Johnny’ Méndez) y otros compañeros quieren que se le explique un poco más a fondo la medida, así que decidimos dejarla en asuntos por terminar. Realmente, ya se había votado a viva voz, pero decidimos posponer la votación final en lo que llegan los compañeros para discutirla en pleno”, dijo Torres Zamora, en entrevista telefónica.

El Proyecto del Senado (PS) 1096 busca, entre otras cosas, delegar funciones de designación de jueces regionales y otros puestos al pleno del Tribunal Supremo, así como eliminar el cargo de juez municipal para pasar a ser juez superior.

“No te podría decir, ahora mismo, que entren más enmiendas, porque va a depender de la discusión. La duda principal está sobre la eliminación del juez municipal, que se convierte ahora juez superior. Hay que explicar que los jueces municipales, según la reforma, no van a perder sus derechos y van a terminar su término. La composición total de la Judicatura no se ve limitada. Se añadirían más jueces a los 369 que tenemos”, explicó Torres Zamora sobre la medida, que recibió un informe positivo de la Comisión de lo Jurídico después de celebrar una vista pública el 6 de octubre.

Desde su radicación en el Senado, el proyecto ha enfrentado la oposición de diversas estructuras judiciales y expertos en derecho constitucional, quienes han apuntado que violenta la separación de poderes que la Carta Magna establece entre las funciones reglamentarias del pleno del Supremo y la autoridad ejecutiva de su juez presidente, cargo que Maite Oronoz Rodríguez ocupa desde 2016.

Desde la promulgación de la Constitución del Estado Libre Asociado, en 1952, el juez presidente ha tenido la facultad de designar a los jueces administradores de cada región judicial y nombrar a los directores auxiliares que laboran bajo el director de la Oficina de Administración de los Tribunales, funciones que los opositores de la pieza consideran que ahora pasarían al Supremo en pleno compuesto por nueve jueces asociados, creando retrasos en el manejo del Poder Judicial.

“He visto los planteamientos de la jueza presidenta, que tengo mucha deferencia hacia ella, en torno a las funciones de nombrar, pero los nombramientos serían del pleno. Una vez lo pasemos, estará en la gobernadora decidir si estampa su firma o no”, opinó el portavoz.

El 25 de junio, el PS 1096 fue aprobado en el Senado, con 18 votos a favor y siete en contra. Las minorías en la Cámara también se oponen a la medida, por entender que es “inconstitucional”.

Torres Zamora desconoce el ánimo de La Fortaleza sobre la medida, que el Departamento de Justicia avaló en su memorial explicativo. La gobernadora ya ha nombrado a dos jueces del Supremo y podría designar otro más en noviembre del año entrante, ante la salida de Mildred Pabón Charneco al cumplir 70 años.

“Entiendo que la medida está clara. Constitucionalmente, se crea la Rama Judicial, pero la misma Constitución dice que será la Rama Legislativa la que descargue la organización. Eso es lo que estamos haciendo. El gobernador Rafael Hernández Colón creo el Tribunal Apelativo. Eso es creación legislativa que viene a ayudar a lo que teníamos antes. Las salas municipales fueron desapareciendo con el tiempo. Podemos hacer lo que estamos haciendo. Yo, pro forma, no veo que sea nada más allá de darle una directriz de organización al Tribunal”, argumentó.

Una de las enmiendas en el PS 1096 fue extender, de 90 a 120 días, la puesta en vigor de la medida, para “dar tiempo” al pleno del Supremo a organizarse para las nuevas normativas y nombramientos, comentó, por su parte, el representante José “Che” Pérez Cordero.

“El trabajo de la Comisión de lo Jurídico (cameral) hizo enmiendas de la mano del Senado, y diría que las enmiendas no fueron mayores. En la Cámara, tenemos los votos. Esto lo pudimos haber aprobado (el lunes), pero decidimos darle tiempo para explicar las dudas y queremos esperar por los compañeros que están de viaje y regresan este fin de semana para votar”, dijo.